Gibraltar no reconoce el acuerdo de 1999 sobre la pesca en la Bahía

relaciones en la bahía La distancia de 225 metros a tierra permitida por el convenio se amplía ahora a tres millas

El Gobierno dice que la Policía no permitirá la presencia de ningún barco que infrinja la Ley de Protección de la Naturaleza que hasta ahora se aplicaba de manera flexible · El sector remite escritos a la Junta y al Ministerio

El alcalde de Algeciras y diputado nacional del PP, José Ignacio Landaluce, conversa con los tripulantes del 'Joaquina', ayer, en el puerto.
El alcalde de Algeciras y diputado nacional del PP, José Ignacio Landaluce, conversa con los tripulantes del 'Joaquina', ayer, en el puerto.
Carmen González / Algeciras

20 de marzo 2012 - 01:00

El Gobierno de Fabian Picardo ha echado para atrás el acuerdo alcanzado en febrero de 1999 entre el anterior ministro principal, Peter Caruana, y los representantes del sector pesquero local, basado en el status quo existente entre los años 1991 y 1997 para la pesca en la Bahía de Algeciras. El acuerdo, logrado después de muchas tensiones y tras una última y maratoniana reunión entre ambas partes, contemplaba que los pescadores podrían faenar en las aguas a ambos lados del Peñón aunque dejando una distancia de 225 metros respecto a tierra. Ahora se amplía a tres millas al este del Peñón y a 1,5 en la Bahía. Eso sí, se aplicaba un cierto grado de flexibilidad respecto a la Ley de Protección de la Naturaleza de 1991, una normativa a la que ahora el nuevo Gobierno se acoge.

Fuentes del Gobierno de Gibraltar lo indicaron de manera muy precisa ayer a este diario: "si hay un pesquero, sea de quien sea, que esté infringiendo la ley, la policía no lo va a permitir". Esta situación viene determinada porque "el nuevo Gobierno de Gibraltar no va a aceptar acuerdos que sean contrarios a la ley. Caruana hizo un arreglo político, pero para este Gobierno, la ley es la ley y hay que respetarla".

El director de comunicaciones del Gobierno de Gibraltar, Clive Golt, dijo a este diario que "existe una legislación comunitaria para la pesca y que afecta a todas las aguas. La ley hay que cumplirla en nuestras aguas".

Lo que está claro para Gibraltar, según unas declaraciones del ministro de Medio Ambiente, John Cortes, es que no acepta acuerdos que se hayan podido tomar por parte de otro gobierno. El portavoz añadió que "Caruana llegó a un acuerdo cuando la crisis (se refiere al conflicto suscitado en 1999), que no tenía nada que ver con la ley y lo que este gobierno dice es que hay una ley y las normas europeas, al igual que las respetan los españoles, las respetamos nosotros".

La pasada semana, según fuentes de la Cofradía de Pescadores de La Línea, dos embarcaciones dedicadas a la pesca del trasmallo con base en este puerto fueron obligadas por parte de la Policía del Peñón a abandonar unas aguas en las que los pesqueros de bahía venían realizando sus trabajos, habitualmente sin ningún problema.

Esto así como las manifestaciones del ministro de Medio Ambiente recogidas por algunos medios este fin de semana, provocó ayer una reunión en Algeciras con la presencia del patrón mayor de La Línea, Leoncio Fernández, el secretario de la Federación Andaluza de Cofradías, Jorge Campos y el presidente de la Federación andaluza de Armadores, Pedro Maza. Preocupados por esta nueva situación, remitieron escritos al secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, y a la consejera del ramo, Clara Aguilera. "Queremos que nos informen sobre el tema de las aguas", indicó Javier de Sola, secretario de La Línea.

Pedro Maza, por su parte recordó el acuerdo de 1999, del que "estaba informado en todo momento la Secretaria General de Pesca y el Ministerio de Exteriores". También agradeció la actitud del entonces delegado del gobierno, Miguel Osuna. Maza quiso dejar claro que con ese acuerdo "no es que el sector reconociera la legislación de Gibraltar, sino que lo que se buscaba era el mantenimiento durante muchos años de una actividad".

Ahora se trata de "levantar" este asunto. Maza trasladó el apoyo a los pescadores "defendiendo lo que legalmente se pueda defender" y quiso dejar claro que esto es una asunto de "interpretación y de jurisdicción y quien tendrá que determinar es el Gobierno español". Maza consideró, eso sí que esta situación supone "levantar un hacha de guerra innecesaria. Provocar tensiones más allá de la convivencia que hemos tenido estos años y que debe perdurar".

Maza recordó esos momentos de tensión que se vivieron en 1999 e incluso el incidente ocurrido en el Peñón, con el "secuestro" de varios representantes de la mesa negociadora entre ellos él, durante varias horas.

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