El Gobierno plantea que la continuidad laboral se sustente en un acuerdo

Algeciras/El Gobierno traslada a la patronal y los sindicatos la responsabilidad de pactar una salida para el mantenimiento del empleo en el sector de la estiba ante su liberalización. El Ministerio de Fomento entregó ayer a las partes (patronal y sindicatos) el borrador del real decreto al que se había comprometido para regular la transición del sistema, especialmente en los asuntos laborales y las ayudas para las bajas voluntarias. El documento fue trasladado con apenas 24 horas de antelación al trámite de convalidación del decreto ley al que se vincula.

El documento, al que tuvo acceso Europa Sur, no contempla la subrogación como una materia de obligado cumplimiento, sino que emplaza a la patronal y a los sindicatos a alcanzar acuerdos conducentes al mantenimiento de los puestos de trabajo (6.150 en todo el país).

Así consta en el artículo segundo del texto, donde se recoge expresamente que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales "podrán establecer mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo de los trabajadores portuarios que en la actualidad prestan servicios en las Sagep". Las condiciones de la subrogación se determinarán en el mismo acuerdo que propone el real decreto, si bien el artículo 2 traza cómo quedaría la relación entre empresas y trabajadores de las Sagep tanto si éstas se disuelven, si permanecen o si se crea un Centro Portuario de Empleo.

El capítulo tercero, que engloba a los artículos tercero y cuarto, se basa en la organización del trabajo. Concede a las empresas titulares de la licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías o a los Centros Portuarios de Empleo, en calidad de empleadores, la potestad organizativa. Para la mejora de la productividad, el artículo propone la negociación de medidas entre las que se incluye una rebaja salarial del 10%

A partir de estos primeros puntos, los restantes catorce de los dieciocho artículos que forman el cuerpo principal de la normativa desgranan el régimen de ayudas previsto por el Ejecutivo que en su momento se cifró en 120 millones de euros para prejubilar a los estibadores que alcancen los 55 años manteniendo un 70% del salario.

El real decreto mantiene en esencia lo que avanzó en su propuesta de mediación el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, ahora expresado en términos jurídicos. En el preámbulo, el Ejecutivo sostiene que trata de buscar "el punto de equilibrio" en la aplicación práctica de la sentencia -en relación al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el modelo actual de estiba- evitando un conflicto entre "las libertades económicas y los derechos sociales".

La mediación que inspira el real decreto complementario sólo fue asumida por el Gobierno, dado que los sindicatos se remitieron a un principio de acuerdo alcanzado previamente en el que los empresarios se comprometían a subrogar a todos los estibadores si el Gobierno asumía el diferencial de costes entre los contratos actuales y los menores costes laborales de un mercado liberalizado, así como prejubilaciones y una bajada salarial de hasta el 10% o medidas de flexibilidad interna.