Indonesia repatriará a sus ocho tripulantes del 'Ocean Sparkle'

Principio del fin para la pesadilla que vive la tripulación del buque Ocean Sparkle. La embajada de Indonesia en España tiene previsto iniciar hoy mismo la repatriación de los ocho marinos de este país que forman parte de la tripulación del cementero, atracado desde el pasado mes de marzo en el dique exento de Algeciras y que arrastra impagos a sus 33 tripulantes.

El inspector de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), José Manuel Ortega, explicó ayer a Europa Sur que todo está preparado para que estas ocho personas abandonen el barco y vuelvan a su país.

El Ocean Sparkle llegó al puerto de Algeciras el 25 de marzo y fue detenido por las deficiencias detectadas, por dos embargos de un juzgado de Cádiz y por vulnerar el convenio sobre el trabajo marítimo MLC 2006 al superar el tiempo del contrato de al menos parte de la tripulación y por impagos de sus salarios, que hasta el 31 de julio ascendían a 603.000 dólares. Pese a los reiterados intentos, el armador del buque no da señales para proceder al pago de las deudas cuyo plazo máximo expira hoy mismo.

Así, según explicó Ortega, los ocho marinos indonesios firmarán un poder notarial en Algeciras a favor de la ITF para que, con independencia de la vuelta a su país de origen, la entidad continúe con el proceso judicial para la reclamación de sus salarios.

Además de estos ocho marinos, la tripulación del Ocean Sparkle se completa con 20 filipinos, un polaco, un georgiano y un griego. Ninguno de ellos, al estar atracados en el dique exento, goza de plena libertad de movimientos y atraviesan una situación límite por la escasez de provisiones en el buque, abandonados a su suerte. Desde marzo se han venido manteniendo de donaciones de la Cruz Roja y Cáritas.

Ortega añadió que la embajada de Filipinas también mantiene conversaciones para repatriar a sus veinte nacionales, por lo que la ITF baraja avanzar el pago de las repatriaciones de los marinos europeos y reclamar el importe en el procedimiento judicial contra el armador.