La Policía investiga una nueva trama para la venta de puestos en la estiba

Algeciras/El trasiego de contenedores en el Puerto de Algeciras se mantiene a su ritmo habitual las 24 horas del día, incluso mejor que en ejercicios anteriores, ya que este año se espera alcanzar un récord absoluto con un movimiento de mercancías que superará los 105 millones de toneladas. Atrás quedó el conflicto de la estiba, generado por el decreto que obligó de forma abrupta a acabar con el monopolio en las contrataciones del personal para favorecer así la libre competencia, la entrada de nuevas empresas en la estiba y el abaratamiento de los costes.

Antes de esta reforma, los usos y costumbres marcaban que los empleos en la estiba que iban quedando libres estaban reservados a un círculo muy reducido formado por familiares y allegados de los estibadores, de tal forma que se establecía una suerte de derecho sucesorio sobre el puesto de trabajo que pasaba de padres a hijos, sobrinos y otras personas de un ámbito muy de confianza. Cuando las circunstancias no lo permitían, la leyenda apunta que quien dejaba su trabajo por jubilación sin herederos a la vista podía poner su puesto a la venta y conseguir con ello bajo cuerda una sustanciosa comisión. Quien pagaba era consciente de que, con un sueldo medio anual de cien mil euros, podía amortizar la inversión en pocos meses.

Las empresas operadoras aceptaban las condiciones porque, al fin y al cabo, en su interés prima ante todo la paz social y, al fin y a la postre, el trabajo se sacaba adelante con una rentabilidad más que aceptable. En realidad, salvo el cobro de esas comisiones, nada era en puridad ilegal, pero sí contrario al espíritu liberalizador de los servicios auspiciado desde la UE.

La apertura en la contratación cambió para bien muchas cosas, logrando de forma pactada entre empresas y sindicatos los objetivos marcados, aunque el momento fue aprovechado por algunos para sacar tajada a costa de quienes continuaron tratando de lograr trabajo en la estiba por la puerta de atrás.

No había que emplear muchas horas ni esfuerzos para encontrar en las redes sociales ofertas y demandas de empleo en el puerto. La Policía Nacional detuvo el 4 de septiembre pasado a un padre y un hijo imputados por los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y corrupción entre particulares. Varios afectados les habían denunciado por haberse quedado fuera del cupo de trabajo –cerrado ya hasta nuevo aviso– y tampoco habían recuperado su dinero. Ambos acusados han sido puestos en la calle por la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) sin esperar a que concluya la fase de instrucción de las diligencias abiertas.

El cuerpo policial prosigue con las investigaciones ante la certeza de que el mismo o parecido modus operandi fue seguido por otras organizaciones –relacionadas de alguna forma a los dos detenidos– que prometieron también a sus clientes colocarlos en los muelles. Fuentes policiales han informado a esta redacción de la existencia de decenas de afectados que, tras haber abonado importantes sumas de dinero –las coimas oscilaron entre 20.000 y 80.000 euros, según los casos– no han encontrado trabajo como estibadores.

En teoría, solo en teoría, los supuestos colocadores deberían tener a buen recaudo el dinero recaudado entre sus clientes a la espera de cumplir sus compromisos, pero la realidad –a tenor del relato que la Policía ha podido dibujar– es que el montante de las comisiones habría estado pasando de mano en mano de supuestos intermediarios que han cobrado sus partes correspondientes, hasta perderse su rastro. Los hay quienes se aferran a la posibilidad de recuperar el dinero o de ser colocados en otros empleos.

La complejidad de la investigación se debe a que el mundo de la estiba, bajo el principio lampedusiano de que todo cambia para que todo siga igual, continúa siendo un círculo cerrado en el que pocos se atreven a hablar. En el horizonte se abren dos caminos: que los afectados denuncien ante las autoridades a las personas a las que confiaron su dinero o que algunos traten de tomarse la justicia por su mano, una opción que varias fuentes consultadas dan por más que probable y que las fuerzas de seguridad quieren evitar a toda costa.

No hay que perder de vista que el continuo movimiento de contenedores procedentes de todo el mundo en un espacio de proporciones tan reducidas como un puerto concentra la atención de muchas organizaciones criminales cuyo objetivo es contar con una infraestructura que le controle sus mercancías. A raíz de la apertura del proceso de contratación en los muelles, la Policía detectó los intentos de algunas redes locales de colocar a sus peones entre el colectivo de estibadores y, de hecho, la alerta lanzada a la Sagep frustró dicho propósito.