El sí al decreto deja el futuro de la estiba en manos del diálogo social

algeciras/El Gobierno del Partido Popular logró ayer sacar adelante el decreto ley de la estiba en su trámite parlamentario de convalidación aunque con este paso no concluye, más bien empieza, la reforma real del sector de la carga y descarga de mercancías en los puertos españoles.

La ratificación política de los cambios en la legislación -exigidos por la Unión Europea a raíz de una sentencia del tribunal comunitario- deja ahora en manos del diálogo social entre la patronal y los sindicatos la aplicación práctica de la reforma para cuestiones como el futuro laboral de los actuales 6.156 estibadores, la organización del trabajo en los muelles para mejorar la productividad o la posibilidad de articular un plan de jubilaciones anticipadas.

El decreto ley, el segundo presentado por el Ejecutivo y con cambios en su articulado respecto del que resultó derogado hace ahora dos meses, quedó aprobado gracias al apoyo de los 32 diputados de Ciudadanos y la abstención de los ocho parlamentarios del PDeCAT. Las dos formaciones justificaron su cambio de postura respecto a marzo -cuando la primera se abstuvo y la segunda votó en contra- en que hay cambios de calado respecto de la propuesta inicial del Ejecutivo que permiten trazar un horizonte más optimista para los trabajadores del sector y dar igualmente cumplimiento a la sentencia europea.

A diferencia del primer intento fallido del Gobierno, ahora se cuenta con un real decreto (en fase de borrador) complementario a la norma que ampara el proceso negociador para cuestiones como el mantenimiento del empleo, principal reivindicación laboral del colectivo de estibadores aunque éstos pedían que su subrogación quedara garantizada en el decreto ley. El nuevo texto legal recoge de forma expresa que la potestad para manipular coches nuevos en los puertos recaiga sobre los portuarios, así como los requisitos de acceso a la profesión.

La suma de la formación liberal al bloque que ya apoyó el decreto en marzo elevó el resultado de la votación a 174 votos favorables frente a 165 en contra y las ya referidas ocho abstenciones que inclinaron la balanza hacia la convalidación. En total, votaron 347 diputados sin que emitieran su voto la diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas; el diputado socialista Eduardo Madina y la parlamentaria de Unidos Podemos Noelia Herrera. En cualquier caso estos tres votos no resultaban determinantes.

Los sindicatos de estibadores, que no ocultaron su decepción por el resultado, mantienen en pie las ocho jornadas de huelga convocadas a partir del próximo miércoles 24 aunque intentarán convocar cuanto antes a la patronal a una nueva mesa de negociación para comenzar a abordar los aspectos laborales toda vez que los cambios en la ley son ya un hecho.

"Pido sensatez, mesura y sentido común, desde el respeto al derecho a la huelga, porque el decreto ley de reforma del sector y el real decreto que lo acompaña ponen las bases suficientes y adecuadas para alcanzar acuerdos y garantizar la estabilidad en los puertos", indicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su intervención ante el Pleno del Congreso. "Es la hora del diálogo y no de la presión", añadió De la Serna, al considerar que el decreto ley "incluye medidas y estímulos como no se han articulado en ningún otro sector para lograr acuerdos".

Debate parlamentario

El debate en el Congreso estuvo marcado principalmente por las exposiciones de Ciudadanos y PDeCAT de los motivos que les llevaban a cambiar el sentido de sus votos. El ministro De la Serna abrió su turno de exposición detallando las novedades del decreto ley y la redacción del texto complementario para dar pie a un acuerdo nacional o convenios puerto a puerto para materias como la continuidad del empleo.

El diputado de Ciudadanos Fernando Navarro dijo entender que tanto los empresarios como los sindicatos "quieran más" pero sostuvo que los cambios introducidos respecto a marzo permitían cumplir con Europa y un avance claro hacia la conservación del empleo en el sector.

Ferrán Bel, del PDeCAT, atribuyó a su grupo los cambios en el texto del decreto que, reconoció, benefician especialmente a Tarragona y Barcelona al dar potestad a los estibadores para manipular los coches nuevos.

ERC reconoció avances en el documento, aunque se mostró en contra, mientras que Unidos Podemos y el PSOE cargaron contra las formas del Gobierno al resolver una crisis política pero generar otra en los puertos -dijeron- con la huelga en ciernes.

Los estibadores que seguían el debate fueron desalojados de la tribuna durante el turno del diputado popular Miguel Barrachina, quien caldeó el debate al sacar a colación las multas de la UE que el ministro De la Serna había sorteado en su turno.

Sanciones

La Comisión Europea valoró la aprobación de la reforma como un "acontecimiento positivo" que permitiría reconsiderar el recurso en el que propone una multa coercitiva (134.000 euros diarios) por incumplir la normativa europea. El Gobierno se comprometió a informar de inmediato a Bruselas de lo acontecido ayer en el Congreso, aunque España ya ha acumulado 24,5 millones de euros por la primera sanción (27.522 euros diarios contados desde diciembre de 2014).

En Bruselas se asume que esta primera multa no podrá evitarse, pero un dictamen positivo del Ejecutivo comunitario sobre la nueva legislación española sí que permitiría sortear la sanción coercitiva. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Justicia europea.