Los límites de la minería en Andalucía Occidental

La minería metálica ha sido una constante en Andalucía Occidental desde hace más de un siglo, dejando una huella profunda en el territorio y en sus ecosistemas. El informe Los impactos de la minería en Andalucía Occidental, coordinado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y elaborado por expertos de las universidades de Sevilla, Huelva y Pablo de Olavide, pone de manifiesto los impactos ambientales y sociales de esta actividad en la región. Entre sus conclusiones más alarmantes, destaca la amenaza de un colapso hídrico y la contaminación de ecosistemas estratégicos como el Parque Nacional de Doñana y la Ría de Huelva.

Huelva y su entorno albergan una de las mayores concentraciones de yacimientos de sulfuros metálicos del mundo. Desde el siglo XIX, la explotación intensiva de estos recursos ha derivado en la contaminación de suelos, ríos, embalses y aguas subterráneas debido al Drenaje Ácido de Mina (DAM). Este proceso genera lixiviados altamente tóxicos con metales pesados como cadmio, mercurio, plomo y arsénico, que afectan no solo a la biodiversidad sino también a la salud humana.

Los ríos Tinto y Odiel, por ejemplo, son considerados los principales aportadores de contaminantes tóxicos de origen minero a los océanos. Esta contaminación se extiende hasta el Golfo de Cádiz y entra en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar, con consecuencias aún por evaluar en la cadena trófica marina.

Nuevos proyectos

A pesar de los antecedentes de impacto ambiental, la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente nuevos proyectos de extracción minera. Entre ellos, la ampliación de Cobre Las Cruces, la reactivación de la mina de Aznalcóllar y la declaración de interés estratégico para la mina Romanera. Estos proyectos implican la extracción masiva de recursos en zonas sensibles, con riesgos de contaminación aún mayores.

En el caso de Cobre Las Cruces, situada sobre un acuífero clave para Sevilla, el informe denuncia que la empresa ha extraído cinco veces más agua de la permitida y ha contaminado con arsénico los recursos hídricos de la zona. Aun así, la Junta ha concedido nuevas autorizaciones para su expansión, aumentando los vertidos en el Estuario del Guadalquivir.

Por otro lado, el reinicio de la explotación en Aznalcóllar, a cargo del Grupo México, ha generado preocupación debido a los antecedentes de la compañía. En 2014, un vertido minero en Sonora (México) contaminó el río Bacanuchi, obligando a la evacuación de miles de personas. En Andalucía, la actividad de esta empresa podría poner en peligro el Parque Nacional de Doñana y el abastecimiento de agua en varias localidades.

El informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua cuestiona si la minería moderna es sostenible. Aunque las empresas afirman aplicar tecnología de "vertido cero", los datos indican que los lixiviados tóxicos siguen siendo una realidad en todas las explotaciones activas. Además, las escombreras y balsas de residuos presentan filtraciones que pueden extender la contaminación en el tiempo.

Según el informe, las administraciones, lejos de imponer regulaciones más estrictas, han adoptado un papel de promotoras de la actividad extractiva. La Junta de Andalucía, por ejemplo, lanzó en 2024 un concurso público para otorgar 90 permisos de exploración minera en Huelva, argumentando que la extracción de metales es clave para la transición energética y digital.

Ademá, señalan que "todo el proceso seguido en torno al embalse de Alcolea refleja el empecinamiento de la administración pública, especialmente de la Junta de Andalucía, por culminar la construcción de un embalse inviable, en contra del conocimiento científico disponible, de los informes del CEDEX, de la Adenda de rectificación de Deltares y del propio sentido común, dado que no hay justificación técnica ni económica para seguir adelante con este proyecto".

Impacto social y resistencia ciudadana

El informe tambiñen rcoge que la expansión de la minería en Andalucía ha generado una creciente oposición por parte de la sociedad civil. Vecinos de las zonas afectadas, organizaciones ambientales y sectores económicos como la pesca y la agricultura han alzado la voz contra los nuevos proyectos. Plataformas como "Salvemos el Guadalquivir" denuncian que el deterioro de los ecosistemas hídricos pone en jaque el futuro de la región.

Además, las consecuencias para la salud pública son motivo de preocupación. Estudios recientes han detectado la presencia de metales pesados en aguas de consumo y en productos agrícolas.

El informe concluye con una reflexión que invita a replantear el modelo extractivo actual. En lugar de fomentar la expansión de la minería, los expertos recomiendan apostar por la reducción del consumo de materias primas, la recuperación y el reciclaje de materiales estratégicos. También exigen una regulación más estricta para evitar que los costes ambientales y sociales sean asumidos por la población, mientras los beneficios quedan en manos de grandes multinacionales.