Marruecos, del éxito sanitario al temor a convulsiones sociales

“Marruecos no podrá continuar a corto plazo con su audaz política de apoyo a las capas sociales más vulnerables”, puesta en marcha cuando, el 20 de marzo, se decretó el estado de emergencia sanitaria para frenar la propagación del nuevo coronavirus. “La fragilidad económica y social y el riesgo en materia de seguridad se acentuarán con fuerza”. “Algunos países europeos empiezan ya a enfrentarse a esta situación, especialmente en zonas periféricas” como el sur de Italia donde se produjeron saqueos de supermercados a finales de marzo. “En los países en vías de desarrollo este riesgo es aún mayor”.

Este sombrío vaticinio no emana de una publicación redactada por opositores antimonárquicos sino de un documento elaborado, en los últimos días de abril, por la Primature (jefatura del Gobierno de Marruecos), según el diario marroquí Le Desk y otras fuentes marroquíes. El texto circuló por algunos chats.

Ahmed Lahlimi, Alto Comisionado para el Plan, un organismo gubernamental, prevé una recesión en Marruecos. El país ya padecía una grave sequía –la agricultura representa el 14% del PIB– a la que se añadió, hace 50 días, la crisis provocada por la paralización de la economía. Unos 800.000 asalariados han perdido su empleo, al menos temporalmente, y 4,3 millones de familias que vivían de la economía informal (al menos el 20% del PIB) carecen de ingresos.

La debacle económica ahondará aún más las enormes desigualdades sociales, más acentuadas que en cualquier país europeo. “Como marroquíes nos basta con observar la situación en el Rif –en esta región las carencias acumuladas durante décadas provocaron una revuelta social– para vislumbrar los riesgos que corremos”, escribía el 3 de mayo el príncipe Moulay Hicham, primo del rey Mohamed VI, en el diario belga Le Soir. Su advertencia sobre el riesgo de convulsiones sociales suscitó una salva de críticas por parte de la prensa oficialista.

Un mes antes de que empezara el confinamiento, miles de personas se manifestaban en Casablanca, convocadas por sindicatos y partidos de izquierda, para denunciar la disminución del poder adquisitivo y exigir justicia social. Entonaban la canción Aach al chaab (Viva el pueblo), del rapero Mounir Gnawi, que cumple una condena de un año por “insultos a la policía”.

Si las perspectivas económicas son malas, las sanitarias son buenas. “Tras más de un mes de confinamiento, la situación global está relativamente controlada”, recalca el informe de la Primature. Hoy sábado a mediodía, tan solo había 5.873 contagiados y 186 fallecidos, según el recuento oficial. Por eso está previsto que la desescalada empiece el 20 de mayo.

Tal resultado sólo ha podido ser alcanzado mediante medidas más drásticas que en cualquier país europeo, a veces hasta despiadadas con un sector de la población. Casi 28.000 marroquíes que, a mediados de marzo, estaban de viaje por el extranjero –de turismo, para visitar a familiares y someterse a tratamientos médicos– no han podido regresar a su país que cerró de sopetón herméticamente sus fronteras.

En la Península y las islas se han quedado varados al menos 1.700 marroquíes, buena parte de ellos en Algeciras, a los que hay que añadir cerca de 700 entre Melilla y, sobre todo, Ceuta. No figuran en el recuento marroquí porque Rabat no reconoce la soberanía española sobre ambas ciudades. Muchos de ellos carecen ya de recursos y viven en alojamientos puestos a su disposición por los ayuntamientos y de ayudas de asociaciones caritativas laicas y musulmanas o de la Embajada de Marruecos.

Ningún otro país –excepto Burundi- se ha comportado así con sus ciudadanos vetando la entrada de los que se presentaban en sus fronteras terrestres. “La negativa a repatriarlos ilustra la lógica del desprecio que inspira las decisiones políticas” que se toman en Rabat, denunciaba Merouan Mekouar, profesor de origen marroquí de la Universidad de York (Toronto), en el diario francés Libération.

Conscientes de que su sistema sanitario es frágil –tan solo efectúa unos 2.000 tests diarios– y corre el riesgo de quedar colapsado, las autoridades marroquíes aplican un confinamiento radical. Incluye un toque de queda nocturno y la obligatoriedad de llevar mascarilla en los lugares públicos. El Estado las subvenciona para que se vendan a 0,80 dirhams (7 céntimos de euro) al tiempo que impulsa su fabricación. Ya se producen a diario, en 19 plantas textiles, siete millones de unidades. Como sobran para el consumo interno, Marruecos ha empezado a exportarlas.

A los infractores del encierro doméstico les pueden caer multas de entre 25 y 120 euros y hasta tres meses de cárcel. Un comunicado de la fiscalía señalaba, el 1 de mayo, que 49.274 personas habían sido procesadas por infringir el confinamiento. De ellas 2.379 estaban incluso encarceladas porque habían aprovechado sus salidas para cometer delitos.

El despliegue policial es proporcional al elevado número de personas encausadas. A los coches-patrulla que recorren las calles con altavoces, a los agentes que transitan a pie por los barrios chabolistas dando instrucciones, se han añadido los drones chinos. Son utilizados para detectar concentraciones en las calles, reuniones nocturnas en los tejados o rezos colectivos en las aceras en este primer Ramadán (mes de ayuno para los musulmanes) en el que las mezquitas están cerradas para evitar contagios. A través de los altavoces que algunos aparatos llevan instalados, la policía ordena la dispersión.

Tal severidad en la reclusión ha evitado que el número de contagiados se situase entre los 300.000 y los 500.000, en un país como Marruecos de 36 millones de habitantes, y el de fallecidos entre los 9.000 y los 15.000, según una estimación del Ministerio de Sanidad que acompaña a su plan de desconfinamiento.

Para atenuar el impacto económico y social, el rey Mohamed VI impulsó un fondo de solidaridad que ha recaudado hasta ahora unos 3.200 millones de euros, el 2,6% del PIB marroquí. Ha recibido aportaciones del Estado, de empresas importantes, de las grandes fortunas como el ministro de Agricultura, Aziz Akhnnouch, al que la revista estadounidense Forbes atribuye un patrimonio de 1.254 millones de euros. No todas las contribuciones han sido voluntarias. Los funcionarios, incluidos los sanitarios, dejarán de cobrar tres días de sueldo y esa cantidad será vertida al fondo.

La imagen autoritaria de la policía abroncando a los infractores se combina con otra más amable e inusual en Marruecos. El jefe de los asesores epidemiológicos compareció ante las cámaras de televisión acompañado por uniformados que daban cuenta de las medidas; los caids y los mokadems, agentes del Ministerio del Interior en las barriadas, recogían a los sin-techo para instalarles en albergues improvisados; los funcionarios de prisiones conducían a veces hasta sus casas a los presos puestos en libertad; el Ejército arrimaba el hombro abriendo sus hospitales militares y ayudando a erigir otros de campaña.

A diferencia de otros monarcas europeos, el rey no ha pronunciado ningún discurso dirigido a los marroquíes, pero sí ha estado pendiente de la lucha contra la pandemia. A su preocupación por el impacto social se ha añadido, probablemente, otra de índole más personal. Es asmático, como cuenta en su libro Mohamed VI, derrière les masques (Mohamed VI, detrás de las máscaras, París 2014), el periodista marroquí Omar Brouksy. Sus dificultades respiratorias saltan a la vista cuando pronuncia un discurso. Además fue operado de una arritmia cardiaca en París en febrero de 2018. Por esas dos razones forma parte de un grupo de riesgo.

Varios medios de la prensa argelina y las redes sociales propagaron falsos rumores de que, para ponerse a salvo, había huido del país para refugiarse en su villa de Pointe-Denis (Gabón) o en Canarias. El monarca pasa estas semanas en su palacio de Casablanca, en el que un ala ha sido sellada para protegerle de la infección, aunque también se la ha visto en Rabat rezando, el lunes 4 de mayo, en el Mausoleo Mohamed V con motivo del aniversario de la muerte de su abuelo.

Su intranquilidad habrá subido de nivel después de que, el pasado miércoles, le comunicaran que 128 soldados de la Guardia Real habían dado positivo en los tests que les acababan de efectuar y otras 600 personas, con las que habían mantenido contacto, estaban en cuarentena. El soberano reaccionó sin dilación. Destituyó al general de división Mimoum Mansouri, de 74 años, que mandaba ese cuerpo en el que ingresó en 1980. Le señaló así como si fuera el culpable de la propagación del virus entre sus hombres. Para sustituirle nombró al general de brigada Abdelaziz Chatar.