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Los Veintisiete debatirán extender el periodo de transición hasta 2022

Brexit

Esta idea, que permitiría seguir aplicando la legislación comunitaria en territorio británico hasta esa fecha, ha recibido una reacción positiva por parte de los embajadores de los veintisiete.

El negociador jefe de la UE para el 'Brexit', Michel Barnier, ofrece una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas. / Stephanie Lecocq / Efe
EFE

18 de noviembre 2018 - 19:24

Bruselas/El negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, abrió la posibilidad de extender la transición hasta finales de 2022, una idea que debatirán los países de aquí a la cumbre de líderes del próximo domingo en la que esperan ratificar el borrador del acuerdo de salida.

Esta idea, que permitiría seguir aplicando la legislación comunitaria en territorio británico hasta esa fecha, ha recibido una reacción positiva por parte de los embajadores de los veintisiete, reunidos en Bruselas para analizar el acuerdo preliminar alcanzado entre Londres y la UE el pasado miércoles.

En la reunión, los veintisiete se mostraron partidarios de apoyar el texto acordado, que consideran, en general, "equilibrado". "Los Estados miembros admiten que hubieran querido cambiar ciertas cosas pero consideran el texto equilibrado, que es un buen punto de encuentro y que respeta los principios básicos. No hay deseo de reabrir las negociaciones de cara a un segundo acuerdo", indicaron las fuentes.

El objetivo de la reunión de este domingo, a la que seguirá otra a nivel técnico el jueves, es que el acuerdo de salida que llegue a la cumbre sea "el texto final" y que las negociaciones estén cerradas.

El acuerdo entre Bruselas y Londres

El pacto alcanzado el miércoles es un volumen de 585 páginas que contiene 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos sobre la retirada "ordenada" del Reino Unido.

Un punto que queda por cerrar es el tiempo que durará el periodo de transición, previsto inicialmente hasta finales de 2020, aunque el pacto establece, en el artículo 132, la posibilidad de adoptar una nueva fecha, prolongable una sola vez de forma limitada y con la aprobación conjunta de la UE y el Reino Unido.

El motivo para alargar este periodo sería dar tiempo a las partes para lograr los acuerdos que solucionen el asunto de Irlanda del Norte, para no tener que aplicar la cláusula conocida como backstop, que evitaría una frontera física en Irlanda si no se logra un remedio alternativo y mantendría a Belfast integrada en las estructuras comunitarias.

Futura relación con el Reino Unido

Otro de los objetivos de la reunión era avanzar en la declaración sobre la futura relación con el Reino Unido, que incluye referencias al comercio, la pesca, la cooperación judicial o la política exterior.

Junto al texto del acuerdo de retirada, la CE publicó un borrador de esta declaración, que espera definir de aquí al martes para que los técnicos, el jueves, y los líderes, el domingo, tengan también el texto definitivo. Si bien la futura relación se negociará cuando el Brexit, previsto el próximo 29 de marzo, ya se haya producido, los Veintisiete incluyen en ese documento orientaciones y principios que consideran necesarios para sus intercambios con el Reino Unido cuando ya no esté en la UE y la legislación comunitaria no se aplique en su territorio.

Así, el borrador de la declaración apuesta, entre otras cuestiones, por crear un área de libre comercio con una cooperación regulatoria y aduanera "profunda" e igualdad de condiciones "para una competencia abierta y justa".

En el ámbito de la pesca, Londres y Bruselas deben alcanzar un acuerdo de acceso a aguas durante la negociación de la futura relación. De hecho, hasta lograr ese pacto, el pescado queda excluido de la unión aduanera con el Reino Unido planteada como solución para evitar una frontera física en Irlanda si no se logra un remedio alternativo durante la transición.

Además de recibir el visto bueno de los mandatarios de los Veintisiete, el pacto debe contar con la luz verde de la Eurocámara y del parlamento de Westminster, en un contexto de crisis política en Londres tras la cadena de dimisiones de varios miembros del Gobierno de Theresa May, opuestos al acuerdo, y las presiones de los euroescépticos que piden su modificación.

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