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Cádiz/La Fiscalía de Cádiz ha tenido que aceptar la prescripción de un proceso judicial contra 50 miembros de una red de narcotráfico de Cádiz, que, tras 16 años de pesquisas y trámites judiciales, será archivado.
"Es la manifestación de un problema más de fondo", explica, en declaraciones a Efe, el fiscal jefe Cádiz, Ángel Núñez, que entiende que este caso, no frecuente pero que podría volver a pasar, refleja las dificultades por las que los procesos judiciales del narco transitan "por un camino de cabras" y no por "una autopista del siglo XXI".
El caso que ahora será archivado, adelantado este lunes por Radio Cádiz, se inició con una investigación sobre una red de narcotráfico que entre enero y marzo de 2007 llevó a cabo tres alijos de droga en las costas de Cádiz.
La investigación, que incluyó registros, incautaciones de vehículos y embarcaciones, terminó en 2012, en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate, con 50 acusados de delitos contra la salud pública y otros como atentado contra agente de la autoridad o tenencia ilícita de armas.
Una vez concluida la investigación, el juzgado dictó el auto de procedimiento abreviado, con el que daba comienzo la fase de preparación del juicio, una nueva etapa en la que las diligencias del procedimiento deben continuar con la dificultad de tener 50 implicados que pueden recurrir o realizar solicitudes, que deben ser notificadas al resto de los acusados.
El 29 de julio de 2021 la Fiscalía emite un primer informe en el que alerta de que la causa ha prescrito para los delitos cuyo plazo para esta declaración es de cinco años, pero no para otros acusados de delitos cuyo periodo de prescripción es de diez años.
Pero, no fue hasta el septiembre de 2022, casi un año después, cuando el juez resolvió y acordó que, como decía el fiscal, el procedimiento no había prescrito para los delitos cuyo plazo es de diez años.
Para cuando el juez resolvió, ya se habían cumplido también los diez años de plazo de prescripción de esos delitos.
Esto ha llevado a la Fiscalía de Cádiz ha emitir el pasado 16 de enero un nuevo informe en el que acepta que la causa ha prescrito completamente, lo que dará lugar al archivo de un proceso que tenía más de 40 tomos.
El caso refleja las muchas dificultades de los procesos de narcotráfico, especialmente los que tienen un gran número de acusados.
"Son asuntos de gran complejidad, este con 50 investigados, más de 40 tomos, que lleva un juzgado desbordado en Barbate. Además de estar en una zona caliente del narco, es un juzgado mixto, con lo que, junto a procesos penales, lleva civiles: divorcios, herencias...", explica el fiscal jefe.
En esas condiciones, el juzgado debe afrontar un proceso en el que las defensas de los acusados saben que planteando cuestiones y recursos a cualquier diligencia -de los que el juzgado debe dar traslado al resto de los 50 acusados- logran eternizar el proceso y provocar su parálisis.
"Tenemos un sistema procesal absolutamente desfasado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de hace tres siglos", lamenta Ángel Nuñez, que cree que esto hace que los procesos caminen "por caminos de cabras" en lugar de por "autopistas del siglo XXI".
Considera por eso necesaria una solución legislativa, que ya cuenta con un anteproyecto de Ley de Enjuiciaminto Criminal para sustituir a la actual, de 1882, y con parcheos que la han convertido ahora en una legislación "Frankenstein".
El fiscal reclama además un incremento de los medios de los juzgados y de la Fiscalía, con la posibilidad de que pueda existir por ejemplo la figura de jueces de apoyo, como se ha hecho en otros ámbitos.
En juzgados como el de Barbate en el que se ha llevado este proceso, cuenta, es habitual que los jueces sean o sustitutos o magistrados que acaban de aprobar la oposición y están allí lo mínimo, porque "aspiran a otro destino con una carga de trabajo más razonable", cuenta el fiscal jefe.
Con ello, los procesos sufren también la llegada de nuevos jueces que necesitan un tiempo para estudiar el caso.
"Se ha avanzado mucho con los Planes Especiales contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, pero sobre todo en el campo policial, lo que ha supuesto que el número de operaciones, detenciones y sumarios se haya multiplicado", explica.
El ámbito judicial debe afrontar, además, cómo el narcotráfico es un ejemplo de excepción de "la teoría de los vasos comunicantes", que lleva a las redes a desplazar su actividad a otros territorios con menos presión policial que el Campo de Gibraltar, como Barbate, Sanlúcar de Barrameda o La Línea de la Concepción, y con recursos judiciales más modestos o que "están desbordados".
Ángel Núñez asegura que "afortunadamente y con mucho esfuerzo" se consigue habitualmente que los casos no lleguen a prescribir, aunque las penas, en el juicio, deban contemplar rebajas por dilaciones indebidas.
Pero lo que ha pasado con este caso archivado "puede volver a pasar", alerta.
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