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Hace cinco años, arribazones de algas desconocidas se detectaron en Ceuta. En el verano de 2019 empezaron a llegar toneladas y toneladas de algas a las playas de Tarifa y de Algeciras, por lo que a los daños en el sector pesquero hubo que añadir las pédidas en el turismo. Los datos científicos apuntaron entonces que todo el Estrecho de Gibraltrar se encuentra alfombrado de esta alga invasora, que no ha llegado todavía de manera abundante a la zona de La Janda ni a la Bahía de Cádiz, pero sí a la Costa del Sol. Tras mucho esfuerzo, por fin esta semana se ha conseguido catalogar a esta alga como especie invasora, condición indispensable para que la Junta de Andalucía pudiera empezar a tramitar las ayudas para combatirla a la Unión Europea.
Tras las últimas novedades, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció este martes la próxima convocatoria de ayudas al sector pesquero afectado por la proliferación del alga asiática en el litoral andaluz. Esta convocatoria se puede llevar a cabo ahora, según indicó Crespo, “gracias a que el Ministerio para la Transición Ecológica ha atendido al fin nuestra petición de que se declarase esta especie como invasora”.
La consejera afirmó que “es una buena noticia, aunque se llevaba un año y medio esperando esta decisión”, pues era imprescindible que el Ministerio catalogase las algas como invasoras para poder convocar estas ayudas.
En cualquier caso, para la consejera, “el Gobierno andaluz ha venido haciendo durante este tiempo su trabajo” de manera que la convocatoria se agiliza ahora gracias a que ya había sacado las bases reguladoras de la misma.
Las ayudas ascienden a 1,5 millones de euros y permiten fijar 100 euros por barco al día como mínimo, siendo su objetivo mitigar la disminución de ingresos en el sector a causa de la reducción o la imposibilidad de faenar en condiciones normales a causa de estas algas. La Consejería lleva a cabo esta actuación como apoyo al sector pesquero ante una situación originada por causas naturales que pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad pesquera en Andalucía y el mantenimiento del empleo ligado a la pesca.
Carmen Crespo recordó que esa cantidad está en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021 y “ahora esperamos que el Gobierno de España no solamente haya declarado el alga invasora, sino que ponga en marcha un plan especial para toda España y también, especialmente, para Andalucía”, advirtiendo de que en su presupuesto solo han reflejado 100.000 euros, “por lo que esperamos que se aumente con una partida mayor que permita hacer planes especiales en las zonas afectadas”.
Junto a ello, explicó que la Junta de Andalucía lleva trabajando en otros ámbitos afectados por este alga invasora, recordando que se han realizado estudios y trabajos por parte, especialmente, de la agencia Amaya y el Ifapa para profundizar en el conocimiento de este alga, combatir su proliferación y determinar posibles aprovechamientos, así como todos los trabajos realizados para que el Ministerio pudiera hacer la declaración de la especie como invasora.
El presidente de la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz, y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha reclamado a la Junta de Andalucía que apruebe un plan especial ahora que el alga asiática ya ha sido declarada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico especie invasora.
En una nota, ha anunciado que el grupo Socialista elevará una proposición no de Ley para que el Ejecutivo andaluz consensúe con los ayuntamientos un plan de acción conjunta con partidas suficientes para acometer de la mano de los científicos la mitigación de esta especie que daña a la economía, la pesca, el turismo y el medio ambiente del litoral gaditano.
"Hace falta investigación y el Gobierno andaluz, que tiene la competencia en aguas interiores, debe atender a este problema que ha dado verdaderos quebraderos de cabeza a los ayuntamientos el pasado verano", ha afirmado Jiménez Barrios.
EL dirigente socialista ha calificado de "fundamental" que ese plan contemple un protocolo de actuación "respaldado económicamente para colaborar con los ayuntamientos en las labores de recogida, limpieza y retirada de las algas en las playas, pues hasta ahora ha sido una excepción esto que han hecho y que no se encuentra recogido en el plan de explotación de las playas y por lo tanto, la Junta tiene la obligación de responder a los ayuntamientos".
Finalmente, Jiménez Barrios ha insistido en que hay que impulsar esa labor de consenso de la mano de los científicos y tener en cuenta que hay ya iniciativas novedosas o experiencias pilotos para el reciclaje y uso de todo ese excedente.
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