Adeslas, Asisa y DKV no acuden al concierto de Muface: más de 35.000 funcionarios gaditanos pierden la cobertura sanitaria privada

Después de más de un mes de inquietud, más de 35.000 funcionarios (1,5 millones en todo el país) que ejercen su profesión en Cádiz, al igual que empleados públicos ya jubilados, se van a ver afectados por la decisión de Adeslas, Asisa y DKV de no presentarse a la licitación del concierto para prestar asistencia sanitaria en el ámbito de Muface, la mutualidad de los funcionarios. 

Ante esta situación, el Gobierno tiene previsto lanzar una nueva licitación para la asistencia sanitaria de Muface. "Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación", indica el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en un comunicado. En todo caso, el Gobierno ha asegurado que todos los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas y los mecanismos "previstos en la Ley de Contratos del sector público", según ha detallado el Ministerio.

Esta es la respuesta que las tres aseguradoras han dado a la última oferta lanzada por el Gobierno, con una subida en la prima del 17,12% en dos años. La primera oferta del Gobierno a las aseguradoras fue un alza en las primas del 14%, algo insuficiente para ellas y tras lo cual amenazaron con levantarse de la negociación y dejar caer el concierto. Pedían un alza del 40% para no agravar sus pérdidas.

En el futuro está ahora también la negociación de los conciertos de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas), que cuenta también con un número importante de mutualistas en la provincia de Cádiz. En estos casos, Adeslas y Asisa sí han asegurado que acudirán al concierto porque, asegura ésta última, se dan "las condiciones mínimas" para la continuidad del modelo; DKV por su parte, anuncia que tampoco acudirá.

Crece la preocupación entre los funcionarios

Lo que antes era inquietud se convierte con esta situación en una preocupación más palpable para los miles de afectados en la provincia de Cádiz que tendrán que pasar a la sanidad pública. Mari Paz es una maestra jubilada que recibe asistencia sanitaria a través de Muface desde hace más de cincuenta años, y que ya se mostraba muy preocupada hace justo un mes cuando aún se negociaba el servicio entre aseguradoras y Gobierno. Decía que salvo en algunas ocasiones, siempre ha hecho uso del sistema de las aseguradoras: “Estoy preocupada, pero, siendo sincera, no muy sorprendida”, decía la mujer vecina de Puerto Real, que aseguraba que en los últimos años la calidad de la atención ha ido cayendo en picado. “Cada vez contamos con menos especialistas y las listas de espera son más largas”, asegura. 

Ella misma ha sufrido como, a una semana de una intervención quirúrgica en Cádiz, le informaban de que no contaban con ese especialista y trasladaban su operación a Sevilla o Madrid. “No tenía capacidad de hacer ese viaje y al final tuve que pagar la intervención en una clínica privada”, lamenta. Del mismo modo, explica que desde hace ya más de un año espera cita, por ejemplo, con un dermatólogo.

Por otro lado, el temor de Mari Paz también estaba en que se pueda dar el caso de que no se alcancen acuerdos. “No sé cómo se haría esa transición en caso de que acabásemos integrados en el sistema de la Seguridad Social, si sería de forma inmediata o si nos vamos a ver desamparados”, teme. A esto suma el seguimiento de sus consultas. “Al menos yo esto ya habituada a mis médicos que, aunque es verdad que cada vez hay menos profesionales, son ellos los que me conocen y hacen el seguimiento de mis patologías, no quiero pensar que tenga que empezar de cero en caso de que haya una transición”, dice la mujer.

Ahora lo que preocupa más es cómo se hará el traslado a la Seguridad Social de ese millón y medio de mutualistas que ahora 'van' por la privada, y por extensión de esos 35.000 posibles afectados en la provincia de Cádiz y sus familiares beneficiarios, ya que podría suponer una losa demasiado pesada sobre una sanidad pública que ya de por sí se encuentra colapsada. La Fundación IDIS sostiene que de no renovarse el concierto por falta de acuerdo con las aseguradoras se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en la atención primaria pública y crecería un 266% el número de pacientes en listas de espera para consultas externas y un 115% para cirugías. Asimismo calcula que serían necesarias 3.975 camas adicionales en el sistema hospitalario público, al tiempo que el gasto sanitario aumentaría en 1.214 millones anuales, un 1,3%.