Afanas se reivindica en Sanlúcar para pedir más financiación a la Junta

Sanlúcar/La organización Afanas Sanlúcar-Chipiona-Rota-Trebujena organizó en la localidad sanluqueña una concentración dentro del calendario de movilizaciones acordado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Andalucía en la que reclamó a la Junta de Andalucía más financiación para sus centros y servicios.

La protesta tuvo lugar en las proximidades de la Residencia de Gravemente Afectados Virgen de la Caridad, situada en la zona de Cabo Noval. Ésta forma parte de las acciones que durante las próximas semanas llevarán a cabo estas organizaciones para demandar una mejora de recursos en los centros gestionados por Afanas, para poder garantizar la atención necesaria a los más de medio millón de personas con discapacidad en Andalucía.

A la concentración se sumaron tanto la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez; como el primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora, además de otros miembros del gobierno local como Nuria Prado o Matilde Cabello. Álvarez expresó su apoyo para “una financiación justa y sostenible para estas entidades, ya que la situación actual es insostenible y existe un serio riesgo de colapso en estas organizaciones que son vitales para las personas con discapacidad y sus familias”, aseguró la alcaldesa.

Desde el Ayuntamiento recogen que la falta de financiación por parte de la Junta tiene actualmente sumidos a estos servicios y centros en una situación crítica que pone en riesgo su supervivencia, dada la imposibilidad de afrontar los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. Por ello, Cermi Andalucía pide al Gobierno autonómico un nuevo modelo de financiación que recoja la actualización del coste de los servicios de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de estas entidades. 

Además, la organización tambien solicita al Gobierno central que elabore y apruebe un pacto de Estado "para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios". Para ello, plantea incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración General del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que reciban una prestación efectiva y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.