Ejecución en Chiclana

El cadáver apareció con un tiro en la cabeza. La bala le entró por la sien izquierda y le salió por el occipital derecho. Al hombre le dispararon desde arriba después de obligarlo a arrodillarse. Fue ejecutado.

Unos vecinos que paseaban por un carril alejado del núcleo urbano de Chiclana encontraron el cuerpo la tarde del 15 de enero de 2022 y dieron la voz de alarma. Los servicios sanitarios sólo pudieron certificar su muerte. Un calibre 22 disparado a bocajarro concede pocos milagros.

Una hora antes del hallazgo, a unos 10 kilómetros de distancia de ese lugar, un vehículo había salido ardiendo entre dos naves abandonadas. El coche quedó absolutamente calcinado. Quienes le metieron fuego habían usado un acelerante. Un trabajo de profesionales.

Los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz tardaron entre diez segundos y un minuto en relacionar ambos sucesos. Más claro lo tuvieron cuando identificaron al muerto como Ebrahim Buzhu y comprobaron que el coche incendiado había sido alquilado por esta persona en Málaga hacía unas semanas.

Ebrahim Buzhu era un ciudadano holandés, de origen marroquí, que residía en la Costa del Sol. Sus antecedentes penales, y sus vínculos con la denominada Mocromafia, evidenciaron a los investigadores que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

El término Mocromafia hace referencia a una red criminal internacional originada en los Países Bajos y Bélgica, asociada principalmente a individuos de origen marroquí y de otras comunidades del norte de África. La palabra Mocro proviene del término coloquial utilizado para referirse a personas de ascendencia marroquí en los Países Bajos y su pronunciación es suficiente para provocar temblores y sudor frío entre otras organizaciones criminales por su conocida crueldad.

Surgida a partir de la evolución del tráfico de drogas en Europa a finales de los años 2000 y la década de 2010, su principal actividad es el tráfico de cocaína, con un control importante de las rutas que van desde Sudamérica hasta puertos claves como Róterdam y Amberes, donde se recibe y distribuye la droga a todo el continente europeo. Sin embargo, los tentáculos de la Mocromafia también se hacen notar en la Costa del Sol, donde conviven en precario equilibrio organizaciones criminales de una treintena de nacionalidades.

Desde su nacimiento, la Mocromafia se ha caracterizado por el uso de una violencia brutal, que incluye secuestros, asesinatos y ajustes de cuentas. De hecho se le atribuyen numerosos crímenes muy mediáticos en los Países Bajos. Aunque el término Mocromafia sugiere una organización unificada, en realidad engloba a varias bandas y clanes independientes que cooperan ocasionalmente. El hecho de que no exista un liderazgo centralizado complica las investigaciones policiales, como lo hacen sus conexiones con grupos criminales en Marruecos, España (sobre todo en la Costa del Sol) y Sudamérica (Venezuela, Colombia y Brasil).

Uno de los casos que despertó mayor interés de los medios de comunicación sobre la Mocromafia fue el asesinato del periodista de investigación holandés Peter R. de Vries, tiroteado en Ámsterdam en 2021 después de que mostrara una compulsiva obsesión por adentrarse en las actividades de algunos de los miembros más prominentes de la organización. De Vries dedicó muchos de sus artículos a Ebrahim Buzhu, sobre todo después de que se conociera que fueron sus declaraciones como testigo protegido las que llevaron a prisión a Ridouan Taghi, considerado uno de los líderes más poderosos y peligrosos de la organización y que fue arrestado en Dubái en 2019 tras pasar varios años huido de la justicia. El encarcelamiento de Taghi y de su mano derecha, Said Razzouki, hizo que se pusiera precio a la cabeza de Ebrahim, que decidió huir a la Costa del Sol. En el registro del domicilio de Taghi incluso se halló un pen drive con una copia de las declaraciones judiciales de Ebrahim como testigo protegido, lo que da una idea del grado de infiltración y poder de la Mocromafia en las instituciones neerlandesas.

La investigación

Ante este escenario tan complejo los investigadores gaditanos empezaron a trabajar sobre dos hipótesis: que la ejecución de Ebrahim fue encargada desde la cárcel por un capo de la Mocromafia o un asunto relacionado con el robo de grandes cantidades de droga entre clanes que operan en el sur de España.

No había ninguna duda de que el trabajito en Chiclana había sido llevado a cabo por profesionales. El tiro en la cabeza, el cadáver indocumentado, sin zapatos, sin indicios de lucha, la ausencia de testigos y el incendio del vehículo de la víctima así lo evidencian. La Guardia Civil sabe que está ante un caso oscuro. Pero, de repente, una lucecita parece brillar en el fondo del pozo. Los criminales han tenido un pequeño olvido que, a la postre, será su ruina. En un bolsillo de la chaqueta de Ebrahim se han dejado cinco tickets de pagos con la tarjeta de crédito. Eso será suficiente para que se ponga en marcha la denominada Operación Stoom, que logró reconstruir los últimos movimientos de la víctima durante los tres días anteriores a recibir ese disparo letal.

Ajeno a que sus nuevas amistades españolas eran más que peligrosas, Ebrahim intentaba cerrar el trato de un gran alijo de hachís. Se movía por la Costa del Sol con un KIA alquilado. Pagó en un peaje de la autopista Las Pedrizas de Málaga el 12 de enero; realizó unas compras en una gasolinera un día después y tiró de tarjeta para pagar una comida para cuatro comensales en un conocido chiringuito en la playa de Torremolinos. El día 14 también se estiró con otra comida para cuatro personas en un restaurante de esta misma población y realizó otra compra en una farmacia de la capital malagueña.

Las piezas del rompecabezas se desplegaban sobre el tablero completadas con las imágenes obtenidas de las cámaras de varios de los establecimientos que Ebrahim visitó y en las que siempre estuvo acompañado por los mismos tipos.

Apenas 48 horas después de su muerte, los investigadores consiguieron encontrar la vivienda que había alquilado en la Costa del Sol. En el registro posterior hallaron un documento que resultó clave: la factura de un hotel en Vitoria-Gasteiz a nombre de un socio. Pronto se le puso nombre y se averiguó que ambos estaban de regreso de un viaje a los Países Bajos, donde acababan de cerrar una operación de venta de chocolate del bueno.

Esta persona fue localizada en Mijas (Málaga) y se la citó a declarar como testigo el 3 de febrero. En ese instante los agentes ya sabían que también había estado con Ebrahim en las comidas de Torremolinos. Las contradicciones en su declaración mostraron a los investigadores que estaban ante el primer implicado en el asesinato. Así que en un santiamén pasó de testigo a imputado.

A pesar de sus intentos por desviar la atención, la Guardia Civil consigue arrancarle algunas pistas fiables. La primera, la existencia de una organización criminal que resultó ser la responsable de la muerte de Ebrahim. La segunda, la identificación del tercer comensal, un hispano-francés líder de la citada organización y viejo conocido de las unidades antidroga de la Comandancia gaditana. La guinda al pastel fue la identificación de un teléfono que se utilizó tanto en el lugar del crimen como en el incendio del vehículo posterior. Los tenían.

La complicada tarea de reconstruir los últimos días de Ebrahim siguiendo la señal de su móvil permitió a los investigadores conocer 16 puntos diferentes en los que su presencia quedaba debidamente acreditada. Convencidos de que en algunos de estos lugares tenían que haber quedado registrados los terminales usados por los sospechosos de haberlo matado, la Guardia Civil solicitó al juez los datos telefónicos de los repetidores de cada uno de estos puntos. Tras convencerlo de la necesidad imperiosa de esta medida, que justificaba tener acceso a miles de datos de teléfonos y usuarios no implicados en los hechos, las principales operadoras de telefonía remitieron enormes archivos con casi un millón de registros que durante meses fueron analizados por los investigadores con un resultado que supuso otro gran avance hacia la resolución del caso. 

Tras un trabajo agotador la Guardia Civil es capaz de situar cuatro terminales en las dos comidas de Torremolinos. Es más, logra seguirlos en el trayecto entre Málaga y Chiclana el día del crimen y comprueba la coincidencia plena de estos en los diferentes escenarios en los que se produce la ejecución de Ebrahim y el incendio de su coche. Los datos telefónicos analizados por los investigadores incluso muestran la desconexión simultánea de los teléfonos de Ebrahim, que tras ser tiroteado quedaron en el interior del vehículo incendiado, y los utilizados por el resto de implicados, apagados justo después del incendio y que no volvieron a recuperar nunca más la actividad.

La investigación entró en su fase decisiva con la identificación de los propietarios de esos teléfonos, que resultaron ser un sevillano residente en Benalmádena, un francés de padres españoles que vivía en Chierry (Francia) y un barcelonés con domicilio en Alhaurín de la Torre. 

Tras meses tras su pista los agentes llegaron a la conclusión de que a finales de 2021 Ebrahim Buzhu había introducido una importante cantidad de hachís por el litoral andaluz para su posterior traslado a Países Bajos y que encargó su transporte a la experimentada red de distribución liderada por dos personas muy conocidas en la Costa del Sol, a las que se considera responsables del asesinato de Ebrahim y el posterior incendio de su vehículo. Lo que querían era ni más ni menos que apoderarse del gran alijo que debían transportar. Para ello les estorbaba Ebrahim.

El 14 de junio de 2022 se estableció un amplio dispositivo en torno al domicilio de uno de los objetivos en Benalmádena. Se produjo una persecución al coche en el que trataba de huir de los agentes por el pueblo tras verse cercado pero finalmente fue arrestado. El 16 de junio se ejecutó en Francia la Orden Europea de Detención sobre el investigado residente en ese país. Además, se detuvo a dos mujeres vinculadas a organizaciones especializadas en vuelcos de drogas que la Guardia Civil considera podrían haber colaborado facilitando la huida de los dos españoles tras incendiar el vehículo de la marca KIA alquilado por la víctima.

La ejecución de Ebrahim Buzhu en Chiclana será juzgado próximamente en la Audiencia Nacional.