La expulsión de un edil del PP de Vejer llega al Juzgado de Cádiz

Una jueza ha dictado sentencia contra el alcalde de Vejer, Antonio González (PSOE), tras haber expulsado del pleno del 19 de enero, al portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Manuel Flor, según ha expuesto la formación popular. Además, se condena al regidor vejeriego a pagar 600 euros, más impuestos, por las costas procesales.

Se condena al regidor a pagar 600 euros, más impuestos, por las costas procesales

Tras la expulsión de la sesión plenaria, donde Manuel Flor se vio arropado por el resto del Grupo Municipal del Partido Popular, que también abandonó el pleno, presentó una demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 3 de Cádiz, por vulneración de sus derechos fundamentales como concejal.

Ahora, según el PP, “la jueza ha dictado sentencia desestimando todo lo que el alcalde alegó, considerando que se han vulnerado sus derechos fundamentales, al creer que la decisión de expulsarle del pleno fue desproporcionada y supuso un exceso en el ejercicio de sus funciones como alcalde, incumpliendo de forma grave la ley y el Reglamento Orgánico Municipal”.

El portavoz adjunto del PP asegura que es la primera vez que un alcalde de Vejer recibe una sentencia así. Por ello, le exige, no solo unas disculpas públicas a su persona, sino también al pueblo de Vejer por lo que considera “un bochornoso espectáculo que dio, al igual que le exige que asuma responsabilidades políticas”.

No lo ve así, el alcalde de Vejer, quien expone que esta sentencia se puede recurrir, y así lo hará. Antonio González, asegura que no le ha llegado la notificación del Juzgado, ni ha comparecido ante la jueza que lleva este caso en Cádiz, a la vez que mantiene que volvería a actuar de la misma manera cada vez que crea que se produzca una falta de decoro o cortesía parlamentaria en el pleno municipal.

Igualmente, recuerda que el ex alcalde, Manuel Flor, y su antecesor, José Ortiz, están inmersos en varios procesos judiciales y que algunos de ellos están a la espera de calificación, pidiéndose sus inhabilitaciones y penas de prisión, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a ambos cargos.