La falta de acuerdos condena a los animales abandonados en la Bahía

La gestión del servicio de recogida, transporte, albergue y adopción de animales abandonados en los municipios de Cádiz, Chiclana, Puerto Real y San Fernando, está generando un importante quebradero de cabeza a estos ayuntamientos, y a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, que presta ese servicio de manera consorciado.

Su gestión, actualmente adjudicado a la empresa ATHISA Medio Ambiente, S.A.U., está muy lejos del que se entiende que debe prestar una entidad pública y que como principal fin tiene el bienestar animal. Las denuncias de los voluntarios sobre lo que ocurre en el Centro que la empresa gestiona en Chiclana, se acumulan y cada vez son más preocupantes.

Además, las propias inspecciones que la Mancomunidad ha realizado en el centro han tenido como resultado informes desfavorables en cuestiones tan básicas como de la falta de suministro adecuado de agua potable, la manutención de los animales y el mantenimiento y conservación del Centro.

Los informes de las inspecciones que se han venido realizando son demoledores. “Presenta graves deficiencias estructurales, de sus instalaciones, de suministros, mantenimiento y de prestación del servicio (no dispone en el momento de la visita de un vehículo apto para su uso y puesta en circulación). Los cheniles no son adecuados para albergar animales, no se les proporciona a los animales alimento adecuado a su especie y estado fisiológico, y no atiende a ninguno de los requerimientos efectuados desde la puesta en marcha de la última licitación adjudicada”, dice uno de los últimos realizados.

Tanto es así, que el informe del pasado 15 de octubre de 2024, proponía “el cierre de las instalaciones y el traslado de los animales a instalaciones adecuadas y autorizadas hasta en tanto en cuanto no se resuelvan todas las deficiencias y disfunciones de funcionamiento del servicio aquí expuestas”.

Sin embargo, los animales que han acabado en los que los voluntarios señalan como la “casa de los horrores”, siguen dentro mientras no se alcanzan acuerdos entre los ayuntamientos consorciados y la propia Mancomunidad de Municipios de la Bahía.

El 15 de octubre, el presidente de la Mancomunidad, Millán Alegre, acordó mediante un Decreto iniciar el expediente para el secuestro del servicio por los incumplimientos graves descritos en el informe, por un periodo inicial de seis meses prorrogables hasta el máximo previsto legalmente. Así se le notificó a la empresa Athisa, que presento días más tardes una serie de alegaciones que fueron rechazadas.

Mientras los animales permanecen viviendo en las condiciones denunciadas en infinidad de ocasiones y descritas también por los responsables del contrato de la Mancomunidad, el 28 de octubre se emitía un nuevo informe jurídico en el que se reafirmaban las conclusiones del realizado dos semanas antes, y se proponía a la Mancomunidad seguir adelante con el secuestro.

No obstante, se le otorgaba al contratista un plazo –que aún está en vigor- para corregir las deficiencias recogidas, advirtiéndole que, de no hacerlo, “se procederá a la ejecución del secuestro, pasando directamente la gestión del servicio a los Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San Fernando, designando cada uno de ellos a un responsable para llevarla a cabo”. Y es, en este último punto, donde se encuentran los principales problemas.

La pretensión de la Mancomunidad es que sean los técnicos de los ayuntamientos consorciados (veterinarios municipales o ambientalistas, dependiendo de cada municipio), los que se encarguen de la gestión del centro. Sin embargo, los ayuntamientos no están por la labor, aludiendo a la carga de responsabilidades que ya tienen estas personas. Por ello exigen que sea la propia Mancomunidad la que tome las riendas.

Aun así, en el documento que la Mancomunidad ha presentado a los representantes de los municipios como ‘Acuerdo de la Junta de Gobierno’ se recoge que, si el secuestro acaba ejecutándose, como parece que se hará en breve, “la gestión pasaría directamente ayuntamientos, que designarán cada uno de ellos a un responsable”.

Desacuerdo entre los ayuntamientos la Mancomunidad de la Bahía

Ante esto, el Ayuntamiento de Puerto Real ha mostrado su disconformidad, al entender que no refleja realmente el acuerdo alcanzado en la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, que el pasado 30 de octubre se celebró en Cádiz.

La alcaldesa de la Villa, Aurora Salvador, ha adelantado a este periódico que no va a firmar el acuerdo porque “no refleja lo realmente acordado en la sesión, en la que se insistió de forma clara sobre la necesidad de que exista una figura de la propia Mancomunidad que coordine ese trabajo, no solo por responsabilidad sino por la propia operatividad del centro. No tiene ningún sentido que cada semana esté al frente de las instalaciones una persona distinta”.

Además, el Consistorio puertorrealeño recuerda que sigue sobre la mesa el ofrecimiento de los suelos de los ‘Pozos de Malas Noches’, para que se pueda albergar en él un Centro de Protección Animal en el que las mascotas abandonadas tengas una segunda oportunidad en condiciones más dignas que las que ahora se ofrecen en Chiclana.

Por su parte, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González, que asistió a la reunión de la Mancomunidad en la que se trató este asunto, acompañada por el delegado de Bienestar Animal, José Alberto Cruz, ha asegurado que aún no dispone del documento emitido por la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, en el que se propone que cada Consistorio se haga cargo directamente de la gestión del servicio.

No obstante, Ana González ha informado que, en el transcurso de este encuentro, los representantes del Ayuntamiento de Chiclana mostraron su oposición a esta medida propuesta inicialmente en la Junta de Gobierno del órgano supramunicipal. De tal manera que, “la postura de Chiclana es que haya una persona de la Mancomunidad que se encargue de la coordinación del centro y no que sean los ayuntamientos los que por su cuenta lo hagan”.

El Ayuntamiento de Cádiz, el único que comparte signo político con la presidencia de la Mancomunidad de entre los usuarios del servicio, no ha querido entrar a cuestionar el futuro del centro. “Los ayuntamientos seguimos trabajando en la búsqueda de la mejor solución para el bienestar de los animales, pero todavía no hay una decisión definitiva al respecto”, ha dicho en un escueto mensaje.

San Fernando, partidaria de trasladar los perros 

Más radical es el Ayuntamiento de San Fernando, que ha reconocido que tiene "pocas esperanzas" en que la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz solucione el problema en el que ha derivado el Centro de Protección Animal tras los continuos incumplimientos de la empresa Athinsa. Y los pasos dados en las últimas semanas no han hecho sino confirmar esta postura. 

“Todo sigue igual”, advierten desde el gobierno municipal isleño al lamentar además "la falta de sensibilidad" con la que se está abordando esta situación al relegar a un segundo plano el bienestar de los animales acogidos en unas instalaciones completamente inadecuadas. Porque los perros siguen todavía en la misma situación y con las mismas carencias. 

La solución, advierten, no pasa por el secuestro del contrato ya que eso supone que el servicio se seguirá prestando por parte de la misma empresa, aunque bajo el control directo de la Mancomunidad. Llegados a este punto, el Ayuntamiento isleño se muestra partidario de resolver el contrato y de que desde la Mancomunidad se asuma la gestión directa del centro o se lleve a cabo una encomienda de gestión a alguna entidad protectora, con la suficiente sensibilidad para hacerse cargo de este servicio. 

En todo caso, se duda también de la capacidad de la Mancomunidad para afrontar esta gestión, por lo que plantea incluso el traslado inmediato de los animales acogidos a distintos centros y asociaciones protectoras haciendo frente cada uno de los ayuntamientos al gasto que corresponda. Es, apuntan, algo similar a lo que se hizo en San Fernando con los patos del parque Almirante Laulhé al eliminarse el estanque hace unos meses. 

El Ayuntamiento de San Fernando, que calcula que tiene una veintena de perros en el centro, cree que esta medida permitiría hacer frente al problema más inmediato, que es la situación en la que se encuentran estos perros en el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz. 

El Consistorio isleño, por otro lado, hace tiempo que ha puesto en marcha un protocolo de actuación específico que ha permitido reducir en una significativa cifra el número de animales que termina en estas instalaciones. 

El protocolo en cuestión se basa en dar visibilidad a los casos de abandono o pérdida valiéndose de las redes sociales, lo que permite en un alto porcentaje de casos encontrarles un nuevo hogar a estos perros o devolvérselas a sus dueños. 

En líneas generales, este protocolo desarrollado por el Ayuntamiento isleño implica que, cuando un animal se pierde o aparece una mascota sin dueño ni chip en la vía pública, se recopila toda la información y una fotografía de éste que se monta en una imagen llamativa para redes y que de manera muy rápida se difunde por todos los canales municipales de Facebook, Instagram, TikTok, grupos y canales de Whatssapp, así como por muchos perfiles para lograr la máxima difusión en el menor tiempo posible.

La Policía Local, la diseñadora gráfica y el responsable de redes sociales del Ayuntamiento, veterinarios y la propia Concejalía de Bienestar Animal trabajan de manera coordinada para que este proceso se haga de manera efectiva y rápida. Así, se busca a la familia si el animal se ha extraviado, y si no es así, se busca una familia de acogida o adopción para evitar que terminen en el Centro de Protección Animal.