Protesta a las puertas de la Diputación de Cádiz por el cambio para las residencia de mayores

Los trabajadores del área se servicios sociales de la Diputación de Cádiz han protestado este miércoles a las puertas del Palacio provincial para mostrar su rechazo a la creación de un nuevo organismo autónomo que gestionaría las residencias de mayores de la institución, la de Cádiz y El Puerto, y la futura de La Línea. El cambio, explican, traería cambios en las condiciones laborales de unos 450 trabajadores y "recortando en lo más débíl, como es el cuidado de los mayores", han criticado representantes sindicales de CSIF, UGT y CCOO durante la concentración.

"Queremos que se abra la residencia de La Línea pero gestionada directamente por la Diputación, en las mismas condiciones que están las otras dos y no vendiéndolas a cambio de esta apertura", ha manifestado María del Valle, presidenta del comité de empresa. Aseguran que no tienen datos "de cuál será el presunto ahorro" y piden que se les informe en una mesa negociadora y se paralicen estas intenciones, "ya que estos servicios deben ser de gestión pública directa para unos cuidados de calidad y unas condiciones laborales dignas", señalaba Manuel Landróguez, delegado de CSIF. "Hay otras opciones gestinoándolas directamente desde la Diputación, no un organismo ni con los costes de las nueva estructura".

Desde UGT, Carmen Álvarez critica que "no es un ahorro para la administración sino un pacto de dos partidos políticos -PP y La Línea 100x100,- en el que van a ver afectados 450 trabajadores con un convenio a la baja para el personal de la residencia de mayores". Desde CCOO añadieron que "estamos en contra de esta decisión polícia tomada" y "hasta que se lleve a cabo la mesa y conocer que intenciones tiene este equipo de gobierno estaremos en contra, las condiciones de los trabajadores no se pueden tocar y los mayores tienen que tener una gestión directa correspondiente".

Los tres sindicatos volverán a concentrarse los días 13 y 20 de noviembre para exigir al Gobierno de la Diputación que dé marcha atrás con este proyecto. “Todos sabemos dónde recortar si lo que quieren es reducir costes, pero no podemos consentir que lo hagan a costa de los colectivos más vulnerables”, han apuntado durante la protesta de esta mañana, lamentando que tras la experiencia en la pandemia "se quiera precarizar el empleo a los profesionales a los que aplaudimos".

La apertura de la residencia de La Línea es clave para los socios de gobierno provincial para seguir manteniendo el pacto.

Almudena Martínez: "Garantiza una gestión pública de los servicios sociales"

Desde el gobierno de Almudena Martínez defienden que este nueva entidad “supone un blindaje público para los trabajadores y trabajadoras del área, y garantiza una gestión pública directa de todos los servicios sociales”. La revisión, indican, está motivada por la “situación insostenible a largo plazo” del actual modelo, “arrastrada de años anteriores y con la que nos hemos encontrado” y que se evidencia especialmente en la administración de las residencias de personas mayores (sitas en Cádiz y en El Puerto de Santa María a las que se añadirá la próxima de La Línea).

La implantación de este modelo ayudaría a la sostenibilidad del servicio y a tender a la excelencia", según ha manifestado la presidenta de Diputación. A medio o largo plazo se obtendría un ahorro con el que se “podrá reinvertir, por ejemplo, en la ampliación de plazas en estas mismas residencias o bien dar cobertura a necesidades de servicios sociales o a demandas de ayuntamientos que requieren nuestra ayuda en sus centros asistenciales públicos. No podemos olvidar que nuestra prioridad son las personas y su bienestar”, destacaba tras la reunión informativa con los trabajadores hace unos días.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, decía que se ha alcanzado una solución satisfactoria para la futura apertura de la nueva residencia de mayores de La Línea de la Concepción y "para seguir gestionando las residencias de forma pública y directa pero con un modelo más eficiente y sostenible económicamente para la Diputación". "Es absolutamente garantista para los trabajadores, cuyas condiciones laborales estarán blindadas; y excelente en la prestación de servicios, atención y cuidados a las personas usuarias de las residencias”, señalaba Ortiz.