Uno de los detenidos tras las muertes de Barbate quiso apartar a la Guardia Civil de la investigación

Cádiz/Kiko el Cabra y los otros cinco detenidos que seguían en prisión provisional tras creer erróneamente y en un primer momento que tripulaban la narcolancha que acabó con la vida de dos guardias civiles en Barbate fueron puestos en libertad a finales del pasado mes de julio. Esa vez, la Fiscalía no se opuso a la petición de las defensas y se llegó a un acuerdo para su salida de prisión tras la investigación de la Guardia Civil que descartó que su embarcación fuera la que embistió a los agentes del Instituto Armado la noche del 9 de febrero en el recinto portuario de la localidad jandeña.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate decretó la libertad para los seis apresados pese a seguir investigados por los delitos de contrabando, resistencia a la autoridad y pertenencia a organización criminal.

Hasta ese momento, los recursos de las defensas para su libertad provisional habían sido denegados, el último a principios de junio, cuando la Audiencia Provincial de Cádiz decidió mantenerlos en la cárcel al constar "indicios" que los señalaban como los autores de los delitos antes citados.

Ahora bien, antes de que la jueza decretara su puesta en libertad, la defensa de uno de los detenidos quiso apartar a la Guardia Civil de la investigación del caso por "carecer de imparcalidad", según alegó. El mismo abogado que recusó, sin éxito, a la instructora de Barbate por llevar una pulsera con insignias de la Benemérita durante una toma de declaración en sede judicial, planteó también la necesidad de encomendar la investigación de la causa "a un cuerpo policial distinto de la Guardia Civil".

Para razonar su solicitud, el letrado argumentó que los perjudicados en el procedimiento eran guardias civiles, que existían varias asociaciones del citado cuerpo personadas en la causa, que se imputaban delitos de atentado contra la autoridad y que se había abierto otra línea de investigación contra altos mandos de la Guardia Civil para esclarecer las pésimas condiciones laborales en las que los agentes tuvieron que abordar la narcolancha que los embistió mortalmente; argumentos todos estos que, según su criterio, comprometían la imparcialidad del Instituto Armado como policía judicial en el transcurso de la investigación.

El pasado 5 de septiembre, la Audiencia Provincial de Cádiz resolvió el recurso de apelación directo interpuesto por esta defensa para desestimarlo. En su auto, el tribunal de la Sección Cuarta explica lo siguiente: "Como bien dice el Ministerio Fiscal, planteamientos como el de la defensa implicarían que, en caso de que un fiscal o un juez fuesen autores o víctimas de un delito, la Fiscalía no pudiera ser parte en la causa y ningún juez instruir o juzgar el caso por la presunción de falta de imparcialidad general que alega la parte".

Asimismo, la Audiencia de Cádiz considera que "no existe indicio alguno de dicha suerte de pérdida de imparcialidad de la generalidad de los miembros de la Guardia Civil para investigar la causa". "Todo lo contrario, añade, pues ha sido la propia Guardia Civil la que, tras realizar varias periciales, ha descartado la participación de los encausados en el abordaje de la embarcación a los agentes que resultaron muertos o heridos, lo que nos lleva a entender acreditada la solvencia e imparcilidad del cuerpo en la instruccicón y la escasa consistencia de los argumentos del recurrente".

Por tanto, concluye el auto desestimatorio del tribunal gaditano, "no existe conflicto de intereses alguno, dado que obviamente las personas implicadas en los hechos no participan en la investigación posterior a los mismos, siendo además que la Guardia Civil tiene legalmente atribuida la competencia en el asunto".