Economía de la inestabilidad

Un gobierno débil es compatible con el crecimiento, pero el desarrollo exige instituciones fuertes y gobernanza, de manera que difícilmente encaja con la corrupción y los privilegios, que son fuente de desigualdad. Dicho de otra forma, el desarrollo se nutre del crecimiento duradero y sostenible, que solo es posible cuando las instituciones son sólidas e independientes y existe estabilidad política.

La inestabilidad es consustancial a los gobiernos débiles, es decir, a aquellos que necesitan de apoyos extraordinarios para sacar adelante sus proyectos. La negociación conduce irremediablemente a soluciones no óptimas de los problemas porque obligan a concesiones que suponen costes no contemplados en la oferta política a su electorado. La economía política de la inestabilidad implica por tanto estrategias sub-óptimas debido a la corrección de objetivos propia de toda negociación, que en casos de extrema debilidad puede llegar incluso a convertirse en antagónicos.

Cuando de la negociación se derivan compensaciones económicas, las consecuencias pueden ser un crecimiento excesivo del gasto y/o de la recaudación de impuestos. En el caso de España, el incremento del gasto público entre 2018 y 2023 ha sido de 175.000 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 35% en tan solo seis años. En términos de PIB la cuantía ha sido de 4,6 puntos porcentuales, pese a la caída de un punto en 2023 con respecto al año anterior. En materia de impuestos, un estudio del Instituto de Estudios Económicos señala que la recaudación no solo se encuentra en máximos históricos (271.000 millones de euros en 2023), sino que crece más rápidamente que el PIB, lo que determina que el aumento de la presión fiscal es de los más acusados de Europa, aunque todavía se encuentre ligeramente por debajo de la media. El problema es que la renta media española es también inferior a la europea, lo que determina que el esfuerzo fiscal sea en estos momentos un 17% mayor que en el resto de la Unión. Esto significa que el contribuyente español paga más impuestos que el europeo medio con el mismo nivel de ingresos.

La consecuencia es que la competitividad fiscal se resiente (ocupamos el puesto 31 de 38 países analizados por la OCDE) y el potencial del crecimiento a medio y largo plazo también lo hace. La inestabilidad política perjudica a la economía porque los gobiernos han de dejar la política económica en manos de gestores de marcado corte político, como es el caso de la ministra Montero, o de notable perfil técnico, pero de influencia política limitada, como el del ministro Cuerpo. En estas circunstancias, proyectos urgentes como la renovación del sistema de financiación autonómica o los Presupuestos Generales del Estado, quedan paralizados debido a los enormes costes de compensación que plantea la negociación. La prioridad se desplaza a iniciativas de contenido exclusivamente político, como la ley de amnistía, pero igualmente consumidoras de importantes recursos compensatorios, destinados a satisfacer las precarias condiciones de estabilidad. El resultado es que la inestabilidad política da lugar a calendarios voluntaristas y objetivos inalcanzables.