Vendrán policías pero no más recursos judiciales

Dice un refrán popular que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Pues bien, esto es lo que lleva pasando con nuestra provincia de Cádiz los últimos años con todos los problemas que está causando el narcotráfico y la inmigración ilegal. Sólo cuando fallecen agentes de la autoridad tiroteados, arrollados o, como en el caso del pasado viernes en Barbate, atacados por una narcolancha, se encienden todas las alarmas y los políticos de turno se comprometen a dotar de medios, promesas que duran lo que las noticias en un periódico.

Y efectivamente hemos visto cómo temporalmente se han desplazado a esta provincia unidades policiales provenientes de otros lugares de España, con el coste económico que ello conlleva, en vez de ampliar las plantillas que hay en la zona, por lo que ese refuerzo acaba desapareciendo.

Pero voy a referirme a lo que a mi colectivo de abogados de la provincia afecta, que es el funcionamiento de la Justicia. Como he indicado, se aumenta de forma temporal la dotación policial y ello conlleva un aumento de detenciones y de acciones puntuales contra el narcotráfico, pero esto no lleva consigo un aumento de recursos judiciales y de la Fiscalía. Los juzgados siguen siendo los mismos, y los fiscales y funcionarios que los atienden, igual.

Así nos encontramos con ciudades como Barbate, con dos juzgados atendidos tradicionalmente por jueces recién salidos de la Escuela Judicial que los ocupan como primer destino, y que al llegar se encuentran con armarios llenos de causas contra el narcotráfico que han de tramitar de forma preferente porque tienen unos plazos perentorios de instrucción que han de cumplir si no quieren provocar nulidades de actuaciones que sólo benefician a los delincuentes.

Ese mismo juez que debe estudiar una por una esas causas, normalmente con presos, tienen que acordar la práctica de pruebas que le solicita bien la Fiscalía, bien las defensas, resolver recursos, etc. Y todo ello en seis meses. Pero a la vez deben instruir el resto de causas penales por otros delitos como, por ejemplo, violencia de género, resolver procedimientos civiles, separaciones, divorcios, con cuestiones urgentes como alimentos para las parejas o los hijos y derechos de visita. O reclamaciones de cantidad, accidentes de tráfico, desahucios, etc. En la localidad de Barbate esto supone que los procedimientos civiles pueden eternizarse y que los jueces se marchen a otros destinos tan pronto como pueden hacerlo.

Esto mismo se produce en otras ciudades como Sanlúcar de Barrameda o La Línea, donde las carencias de medios para poder asumir la sobrecarga de causas penales derivadas del narcotráfico genera el mismo efecto.

Vemos cómo el Gobierno tiene concentrada toda su actividad en cuestiones mucho más importantes como la ley de amnistía o la sustitución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), olvidando los problemas reales de la Justicia en el día a día que son los que acabo de exponer, entre otros. Si no se adoptan medios extraordinarios en estos juzgados, el trabajo de las unidades policiales y de la Fiscalía corre el grave peligro de perderse y el resto de los ciudadanos de esas zonas seguirán sufriendo la lentitud de sus procedimientos, ya que lo que tendrá absoluta prioridad para esos jueces serán sus causas de narcotráfico.

Como hemos podido ver y oír, las administraciones implicadas ni están ni se les espera y sobre estas necesidades tan urgentes por desgracia no se hablará en los próximos días y mucho menos que se asuma ese imprescindible refuerzo a esos juzgados.