Movilización ciudadana

El sistema de bienestar en Cataluña es más amplio que en Andalucía y por tanto más costoso de mantener. Este ha sido el principal argumento del catalanismo para exigir límites a la solidaridad interregional y presionar durante décadas al gobierno de turno con la negociación bilateral. Los ricos necesitan más dinero para vivir y esto ha de ser reconocido al repartir el dinero público entre comunidades, venían a decir. Los réditos de tan mezquino planteamiento comenzaron cuando se aceptó que el objetivo de equidad interregional debía limitarse a los servicios púbicos fundamentales (sanidad, educación y asistencia social), dejando fuera el resto y entre ellos la seguridad, la vivienda, el transporte, etc.

La exigencia de ordinalidad como criterio de reparto vino después. Si la comunidad A aporta a la caja común más que la B, también deberá recibir mayor volumen de recursos. No solo se consagra la desigualdad a través de la diferente amplitud de los sistemas de bienestar, sino que también dificulta que la comunidad B pueda prosperar a mayor velocidad que la A.

Se desconocen los detalles del pacto entre ERC y PSC-PSOE, pero la idea de soberanía fiscal que se transmite es que los catalanes recaudarán todos los tributos a través de una agencia tributaria propia y que se pactará con el Gobierno una contribución proporcionada a los servicios comunes del Estado y a los específicos que se presten en aquella comunidad.

No está claro si, como ocurre con vascos y navarros, quedarán excluidos de contribuir a la solidaridad interterritorial, pero precisemos que será la agencia catalana quien recaude los tributos que pagamos los andaluces a través de establecimientos y delegaciones de empresas catalanas en Andalucía o por la adquisición de bienes y servicios producidos en aquella comunidad.

Todos contribuiremos a que el privilegiado sistema de bienestar actual de Cataluña crezca más que en el resto. Le sobrará el dinero para ello, aunque solo una parte del sobrante, lo que se pacte, podrá utilizar el Gobierno para sus políticas redistributivas. El remanente quedará en manos de la Generalitat para invertir equipamientos e infraestructuras y profundizar en la desigualdad.

Se repite el atentado contra la igualdad en términos similares al del 4D de 1977 y, como entonces, el éxito de la movilización anunciada por el presidente Moreno dependerá de la respuesta de la sociedad civil y de los ciudadanos independientes. Mi recuerdo de entonces es el de mis compañeros de universidad en la manifestación de Málaga y en los actos previos en ateneos, universidades, medios de comunicación, etc., pero sobre todo del compromiso de personalidades independientes de la cultura y la ciencia. Una de las claves del éxito fue, en mi opinión, evitar la incomodidad de sentirse identificado con opciones políticas concretas.

El problema es que los políticos andaluces que defienden el pacto intentarán interferir desde su insolente sumisión a la superioridad de Madrid y los que se oponen tendrán el mayor afán de protagonismo, pero la clave volverá a ser la sociedad civil independiente, que tiene bastante más que decir que los partidos políticos en cuestiones de dignidad y respeto.