Notable alto, menos en vivienda

La vivienda es un derecho constitucional, pero no es uno de los así denominados “derechos fundamentales”, aquellos que son objeto de garantía y protección primordial del Estado: el derecho a la vida, la salud, la seguridad social, la intimidad, la nacionalidad, la identidad, la educación, la huelga, la libertad personal y de expresión, de conciencia e integridad física, psíquica y moral. Es, pues, más una aspiración natural que, aunque no “fundamental”, debe ser promovida y tutelada por el Estado dentro de un esquema de libertad de mercado, en el que el juego de la oferta y la demanda rige, si bien otorga y exige al Gobierno central, autonómico y, en menor medida, local la potestad de intervenir en algo tan básico como poder tener un hogar estable en el que vivir. Las viviendas de protección pública o aquellas llamadas sociales son una vía en las que el Estado interviene en un sistema en el que interactúan, de manera más o menos equilibrada, agentes como los demandantes, frente a las inmobiliarias, las constructoras, además de otros factores generales, como la inflación, las leyes del suelo o el auge de sectores de actividad como el turismo.

Las leyes del suelo son una palanca gubernamental en su función legislativa, pues: de política económica y social. La liberalización extrema produce monstruos de desigualdad, esto es, de beneficio para quien puede invertir, frente a la condena hipotecaria para quienes deben dedicar más de un tercio de su renta presente y futura a adquirir –banco mediante– una casa. O bien alquilarla. La protección incondicional del hipotecado o el inquilino también produce monstruos.

En este año pasado, España arrojó unos números de crecimiento (PIB) que pasan por ser –lo son, estadísticamente– notables en comparación a su entorno de referencia, la Unión Europea. Incluso ha sido capaz nuestro país de reducir la Deuda Pública, que no obstante sigue siendo superior a ese límite técnico que se suele establecer como el 100% del PIB. Son buenas noticias “macro”. Pero son estos datos objeto de confrontación política; qué esperábamos: mientras el Gobierno saca pecho, la oposición pone en duda la solidez del sistema económico y financiero nacional. Interpreta cada uno su papel. Otra cosa es en qué medida la buena marcha de nuestro cuadro macroeconómico de crecimiento, inversión, saldo exterior o empleo tiene que ver con la salud de los mercados y del ciclo económico. O, alternativa y complementariamente, es el fruto exitoso de la acción gubernamental: del Gobierno que ostenta en un equilibrio inestable el Partido Socialista, o sea y en corto, Pedro Sánchez. Al César lo que es del César. O nos creemos que la economía depende de la Política Económica estatal, o no. No valen los “ahora sí, ahora no”.

Sucede que la vivienda se da todas las trazas de ser un mercado burbujeante, inflacionario: comprar una casa es un derecho capitidisminuido, y más que lo va a ser. Los precios de compra o alquiler están desquiciados. Son inasumibles para un porcentaje excesivo de los aspirantes a tener un hogar estable, particularmente en aquellos núcleos de población mayoritarios. La oferta –los que promueven y construyen– no siente el incentivo de ofertar. Los propietarios de inmuebles prefieren arrendar sus propiedades para estancias cortas con el viento en popa de un turismo que pasa por ser nuestro maná. Un ancla del todo vulnerable. El transeúnte gana, el lugareño pierde. España necesita leyes expeditivas para asegurar que alquilar tu propiedad sea protegida de la misma manera que lo sean tus depósitos bancarios y otras formas de ahorro. La seguridad jurídica de los inversores debe ser equilibrada con el derecho a la vivienda. Para todo lo demás, el Estado social.