Lo peor es la cárcel y 13 años de causa

Se podrá criticar la composición de los tribunales, si tienen mayoría progresista o conservadora, si los argumentos de sus resoluciones son fuertes o endebles, pero evidentemente las sentencias se acatan en un estado de Derecho, como no podía ser de otra manera.

El Tribunal Constitucional acabó ayer por desmontar el caso que algunos, incluidos los autores de los votos particulares, siguen considerando como el mayor caso de corrupción de la historia reciente de nuestra democracia, una afirmación que, además de ser incierta, muestra una tremenda amnesia sobre otros casos que no afectan a la cúpula de los gobiernos socialistas andaluces.

Que hubo fraude en el caso de los ERE, es evidente. Los denominados intrusos que fueron incluidos en las pólizas –algunos claro está familiares y amigos vinculados al PSOE–, las ayudas que Javier Guerrero dio alegremente a su conductor, el chófer de la coca, que reconoció haber gastado importantes cantidades en cocaína y regalos. También hubo fraude en las sobrecomisiones que se pagaron en las pólizas contratadas para los prejubilados, etc. Pero ese fraude no alcanzó, ni remotamente, los 680 millones de euros que durante una década se concedieron en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

De hecho, ni siquiera la Junta de Andalucía ha reclamado la devolución total de esa cuantía y, el gobierno de Juanma Moreno, que jugó un papel relevante como acusación popular desde el principio, ha seguido abonando en los últimos años importantes cantidades de estas prejubilaciones, que fueron regularizadas en un decreto publicado en 2012. Esa regularización tuvo lugar tan sólo un año después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la investigación de esta macrocausa que ahora acaba de caerse como un castillo de naipes que no aguanta una mínima brisa.

Nunca se quiso reclamar el dinero a esos 6.300 trabajadores, que podrían haber sido llamados al proceso como partícipes a título lucrativo de los delitos que se investigaban, quizás por la misma paz social que tanto se ha criticado a los encausados. Lo peor de todo es que los ex altos cargos han estado año y medio en prisión, y por supuesto, los 13 años que ha durado todo el proceso.