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Se abre el debate sobre los presupuestos andaluces para 2025 y, como es habitual, se pasará de puntillas por el capítulo de ingresos, pese a que en el mismo figura una de las causas más importantes del atraso secular de Andalucía.
El presupuesto para 2025 ascenderá a 48.836 millones de euros. El mayor de la historia tanto en cuantía global como en contenido social, que es lo que repite cada año y siempre conviene destacar porque son los requisitos imprescindibles para su aceptación en sociedad. Son los aspectos en los que se fijan las primeras valoraciones, normalmente bastante simplistas porque lo interesante solo aparece cuando hay algo más de análisis. Luego vendrá el interés por las partidas que más crecen y disminuyen y habrá incursiones puntuales en el estado de las finanzas tanto a corto (déficit fiscal) como a largo plazo (endeudamiento), pero es poco probable que alguien se anime a desmenuzar el origen de los recursos, sobre todo porque explorar la forma en que afecta a la economía de los andaluces requiere una cierta perspectiva temporal.
En el cuadro de previsiones para 2025 figuran ingresos tributarios por importe de 23.398 millones de euros que, al margen de otras partidas de menor cuantía, es el montante de los recursos propios de la Junta de Andalucía para financiar servicios públicos. El resto se cubre con transferencias del Estado y de la UE (19.065 millones), a las que si añadimos las del sistema de pensiones, nos permite apreciar la cobertura financiera del núcleo básico del sistema de bienestar andaluz. Un aspecto relevante de este cuadro es que Andalucía es una de las comunidades que en mayor medida ha de recurrir a las transferencias para cubrir las necesidades financieras de su sistema de bienestar, debido a la insuficiencia de los recursos que genera su economía.
El sistema de solidaridad interterritorial que se puso en marcha con la democracia y el estado de las autonomías ha otorgado a los andaluces un poder adquisitivo superior al que nos habría permitido el tamaño de la economía y, por tanto, un mayor nivel de consumo de bienes y servicios. El PIB por habitante en Andalucía era un 25% inferior la media española, pero las transferencias recibidas desde el Estado han permitido que la diferencia en renta por habitante se haya reducido hasta el 10%-15%, según el año. Ha sido la gran contribución de la solidaridad a mejorar el bienestar de los andaluces, pero la cruda realidad también es que las diferencias actuales tanto en PIB como en renta por habitante son prácticamente las mismas que hace cuatro décadas.
Puede parecer ingrato, pero la solidaridad entre ricos y pobres permite a estos vivir mejor, aunque sin sacarles de la pobreza, mientras que, en el caso de los territorios, hace más ricos a los ricos. La explicación es sencilla. El PIB andaluz no aumenta con las transferencias de solidaridad, pero aumenta su renta y su capacidad para consumir bienes y servicios que se producen, y por tanto generan riqueza, en los territorios más ricos. Bienvenida por tanto la solidaridad interregional, pero siempre que venga acompañada de políticas correctoras de los desequilibrios territoriales.
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