Recuperación ante desastres

Con el título de Disaster Recovering, la consultora McKinsey publica un trabajo sosteniendo que tras un desastre la planificación debería tener la voluntad no sólo de volver a la normalidad, sino de aprovechar para corregir lo que no funcionaba bien, y buscar un crecimiento más sólido e inclusivo.

Hace ya una semana que se publicó el RDL con medidas urgentes, que en sus 47 páginas hace de la catástrofe una cuestión de Estado, como ha sido desde el primer momento, apoyando al gobierno de la Comunidad Valenciana responsable directo de emergencias y de recabar ayudas. En el RDL hay ayudas personales, para viviendas y enseres, a empresas, y a ayuntamientos para reconstruir bienes y proporcionar servicios; trata los seguros, las medidas de alivio fiscal, financieras, avales y pago de intereses; regula el ámbito judicial, notarial y registral, y contratos. Destaca la creación de un Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA de Valencia, adscrito al Grupo TRAGSA, de la Sociedad Española de Participaciones Empresariales, para coordinar y gestionar las compras de materiales y servicios. Las medidas, que se valoran en 16.000 millones, son indefinidas.

Además de hacer del problema un asunto nacional, hay dos cosas de interés, una, que en pocos días los abogados y funcionarios del Estado han sido capaces de dar una respuesta muy detallada como, por ejemplo, que las ayudas son inembargables, lo cual parece lógico, pero hay que dejarlo claro en la norma; segunda, que han atado legalmente el tema para evitar abusos o malas interpretaciones, pues como decía el Rey, hay gente interesada en crear el caos, y que aprovechan estas situaciones para sembrar sospechas, crear bulos, e ir a los juzgados a denunciar.

Volviendo al estudio de Mckinsey, vemos cuatro grupos de propuestas; primero la restauración de los daños en viviendas e infraestructuras no debe quedar ahí, sino aprovechar para transformar la planificación urbana y la política de vivienda. El segundo es mantener la estabilidad financiera de las empresas más expuestas, y aunque algunas no saldrán de esta crisis, las asociaciones empresariales tendrán que seguir impulsando la resiliencia empresarial mediante, por ejemplo, contratación por las empresas de seguros en mejores condiciones y más completos, y también la competitividad y renovación de los negocios. Un tercer aspecto es que nadie quede atrás, y también que los buenos sentimientos mostrados deben conducir a una vida social futura más justa e inclusiva, lo cual afecta a la calidad de los contratos. El cuarto aspecto es exigir que la comunidad autónoma y entidades locales tengan instituciones y personas para el análisis, detección, y gestión de riesgos, y una buena gobernanza de los proceso de comunicación y cumplimiento desde el consejo de gobierno de la comunidad a los departamentos técnicos. Todo esto puede parecer prematuro, cuando tanta gente se mueve en el barro y la desesperanza, y la realidad hace hiriente falsos optimismos, pero responsables políticos, empresas fuertes, instituciones sociales, los que no sufren tan directamente lo ocurrido, sí que pueden tener ya el propósito de que el futuro colectivo debe ser mejor que antes de la catástrofe.