CIE y manipulación

No creo que a nadie le gusten los centros de internamientos, ni de menores ni de presos ni de extranjeros con orden de expulsión. Pero en estados de derecho, como el nuestro, qué duda cabe de que estas aciagas instituciones intentan cumplir con las exigencias constitucionales y con los acuerdos internacionales suscritos sobre derechos humanos.

El CIE de Algeciras no es un ningún paraíso, ni pretende serlo. Como los otros cinco CIE repartidos por España, el de aquí también cumple esa dolorosa función de antesala de la expulsión de aquellos que, de acuerdo a nuestras leyes, no tienen autorización para vivir en España. Más de la mitad de los internos del CIE tienen antecedentes penales por delitos cometidos en España o han sido condenados a penas superiores a un año (datos oficiales): el 20% de ellos, por robo con violencia, y el 5%, por agresión sexual. Del 48% restante (que no tienen antecedentes penales), un 96% tiene antecedentes policiales. Da igual: los CIE no son ni deben parecer una cárcel sino esa sala de espera, para asegurar la devolución, hasta que el extranjero sea embarcado hacia su país de origen. Por eso, si transcurren 60 días y esa devolución no ha sido administrativa o diplomáticamente posible, el interno quedará en libertad.

El CIE de Algeciras cuenta con médicos y enfermeros 7 días de la semana, intérpretes de varios idiomas, servicio de restauración y limpieza, y trabajadores sociales y monitores de tiempo libre de Cruz Roja. Los internos reciben visitas de familiares y amigos, de abogados y de ONG. Algunas de estas últimas hablan cada semana con un puñado de internos: de ellos reciben, entre otras cosas, quejas, reivindicaciones y relatos varios. Los internos se desahogan narrando episodios en los que, supuestamente, han padecido desatención médica, deterioro de la salud mental por falta de medicación o “trato inhumano”, por ejemplo. Algunas ONG, lejos de denunciar ante los órganos competentes estas presuntas irregularidades, las guardan sigilosamente hasta la publicación de su memoria anual, con la que parecen querer justificar, ante la Administración y la sociedad, las jugosas subvenciones públicas que reciben.

Los CIE, impulsados y financiados por Bruselas, sin duda tienen que mejorar sus instalaciones para que la vida de los internos sea lo más parecida a la vida en libertad. Me consta que hay muy buenos profesionales ocupándose de ello. Y también hay asociaciones serias que les ayudan en este cometido. Que siga así.