Gibraltar, una cuestión de seguridad

Tiene razón Hugh Elliott, embajador de Reino Unido en España, al afirmar que la situación presente y futura de la base militar de la Royal Navy (RN) y del aeropuerto de la Royal Air Force (RAF) de Gibraltar están fuera de la negociación que su Gobierno mantiene con la Comisión Europea. En la agenda de las reuniones, efectivamente, no aparece esa cuestión al tratarse de un asunto bilateral que compete a las autoridades españolas y británicas. El debate es más complejo.

Aprovechando el diálogo abierto para regular la convivencia entre los vecinos de la colonia británica con los del resto del continente, España ha puesto sobre la mesa la necesidad de acabar con el statu quo actual, por el que las autoridades militares británicas actúan según su albedrío en sus instalaciones del Peñón sin rendir cuentas a nadie, trayendo y llevando aviones y buques de todo tipo, incluyendo submarinos nucleares. Que se sepa, al menos dos de ellos lo hicieron tras sufrir incidencias graves: el HMS Tireless, en 2000, y del HMS Ambush, en 2016.

A ese respecto y amparado por su rol diplomático (ciertamente, es un representante de Reino Unido, no un portavoz del Ejecutivo de Rishi Sunak) Elliot deja en el aire dos cuestiones importantes en la entrevista que hoy publicamos en Europa Sur: una, por qué su país ha excluido a Gibraltar de los convenios internacionales de seguridad sobre armas químicas, bacteriológicas y nucleares y, dos, si el Peñón se ha convertido en un taller de mantenimiento y reparaciones de esos monstruos propulsados por energía nuclear.

No se trata de cuestiones menores ante las que valga invocar o anteponer soberanía alguna para dejarlas sin respuesta. Mucho menos, confiar a ciegas en el buen hacer del territorio vecino. Obras son amores, que no buenas razones. La última alerta la dio el pasado 1 de noviembre el grupo ecologista Verdemar, cuando avisó de la llegada a la colonia de un submarino nuclear de EEUU de la clase Ohio sin que España fuese advertida para activar los protocolos nucleares y los Grupos de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Armada (Grova).

Hay más motivos para que las luces de gálibo permanezcan encendidas en España. En septiembre de 2021, El Financial Times desveló los planes secretos del Gobierno británico para trasladar a Gibraltar desde las bases de Coulport y Faslane, en Escocia, parte de los submarinos nucleares de su flota en caso de que ese país logre la independencia de Reino Unido en un nuevo referéndum.

Responsable ante la UE

La cuestión de base es si España, en las condiciones descritas y en el caso de que la Verja desaparezca como consecuencia de un Gibrexit pactado, podría abrir sus puertas, y las de Europa, a los militares y las fuerzas de la RFA y la RN, sobre los que carece de la más mínima información. La respuesta es obvia.

Por eso es legítimo que nuestro Gobierno, como garante de las fronteras exteriores de los 27, haya puesto ahora sobre la mesa la necesidad de alcanzar un acuerdo que le proporcione datos fiables sobre los movimientos militares en el Peñón, por su seguridad y por la del resto de países miembros de la UE, hasta el punto, si es preciso, de condicionar a ello la firma del tratado internacional sobre Gibraltar. La prosperidad, si no es compartida, es una engañifa.