Ultimátum de la UE y España a Reino Unido sobre Gibraltar

Cualquier declaración por parte de un personaje público conviene leerla entre líneas, más aún cuando se trata de un ministro, como José Manuel Albares, cuyos silencios vienen a tener un peso similar al de sus palabras. Ni que sí ni que no, el titular de Exteriores elude por tres veces en la entrevista que hoy publicamos dar por hecha una undécima ronda de negociaciones entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar. En román paladino, y tras catorce meses de marear la perdiz, el silencio del titular de Exteriores al respecto cabe interpretarlo como un ultimátum de los 27 para que británicos y llanitos se avengan a un pacto, tomando siempre como base la última propuesta española en todos sus aspectos.

La cuenta atrás para la firma de un tratado internacional sobre Gibraltar se ha iniciado en torno a cinco puntos básicos: armonización fiscal, pensiones iguales para gibraltareños y trabajadores transfronterizos, trasposición de la normativa ambiental europea, control policial español del puerto y aeropuerto (con un uso conjunto de este último) y más información en materia de Defensa. La negociación, como subraya Albares, no se puede prolongar indefinidamente y la pelota está “en el tejado de Reino Unido”. El Gobierno, al fin, ha aprendido en estos meses que no solo hay que tener razón, sino demostrarlo y ganar la batalla de la comunicación, más aún teniendo en cuenta la generosa inversión publicitaria de Gibraltar en muchos medios de ámbito comarcal y nacional.

España y la Unión Europea -parafraseando a un insurrecto como Wilde- juegan limpio en esta negociación porque se saben poseedoras de las cartas ganadoras: si hay acuerdo sobre la base de la mencionada propuesta, se habrá dado un paso definitivo para quebrar el privilegiado estatus del que viene disfrutando la colonia británica frente a sus vecinos; por contra, si el diálogo culmina en fracaso, los habitantes del Peñón deberán asumir el final de la duty-free y que sus escapadas a España estarán sujetas a las mismas condiciones que las de los ciudadanos de los países ajenos al Tratado de Schengen: presentación del pasaporte en vigor -quizá, también, un visado-, estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista (valdrá una reserva de hotel o la asistencia a un curso, pero no ir al Mercadona o a almorzar al Ke Sotogrande) y disponer de medios de subsistencia suficientes, fijados en 100 euros por día. Sería interesante en ese nuevo escenario descubrir también a los gibraltareños residentes ocultos en España, cuyo paso por la Verja camino de sus domicilios quedaría siempre registrado por las autoridades: si pernoctan más de seis meses a este lado, ya saben que Hacienda les reclamaría el pago de sus impuestos.

Las consecuencias para el Campo de Gibraltar

Un no deal tendría, igualmente, consecuencias para España y, particularmente, para La Línea y otros municipios cercanos, como Los Barrios, con el polígono comercial de Palmones repleto de establecimientos donde compran los llanitos. Las restricciones en el paso por la Verja provocarían que los gibraltareños dejasen de entrar en España para hacer su vida como lo hacen hoy, con un descenso en la actividad económica de la que el Gobierno de la nación -tampoco el de la Junta de Andalucía- aún no ha tomado plena conciencia; no se puede cerrar ese grifo de ingresos sin prever alternativas como las que se han dejado escapar, como la rebaja de impuestos a las empresas del juego en línea que han salido de Gibraltar, rumbo a Ceuta o Malta, tras el Brexit.

Desde la perspectiva española, estamos aún a tiempo de discutir el cómo y hasta el cuándo, pero no el qué. Hay una variedad de fórmulas para hacer posible el consenso y anteponer los intereses de los ciudadanos, aunque, para que eso pasase, Gibraltar debiera dejar de tener para Reino Unido la consideración esencial de base militar estratégica.