Adiós a las Golden Visa

En 2013, en medio de la crisis económica que afectó a la mayoría de los países desarrollados, se puso en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy las conocidas como Golden Visa, un proyecto que buscaba atraer inversores internacionales después del colapso del mercado inmobiliario.

‍Las Golden Visa eran permisos de residencia concedidos a extranjeros no comunitarios que realizaran inversiones significativas en España; ya fuera a través de la adquisición de inmuebles por valor superior a medio millón de euros o mediante inversiones financieras en deuda pública, acciones, fondos de inversión o depósitos bancarios.

Hasta finales de 2023, España ha emitido más de 6.200 visados por inversión en inmuebles. Dos de cada tres Golden Visa concedidas desde la entrada en vigor de la ley han sido para personas de nacionalidad rusa y china, según los datos actualizados de Transparencia Internacional. Rusos y chinos están muy por delante de otras nacionalidades, como saudíes, venezolanos, iraníes, egipcios o británicos, en este sistema para obtener la residencia, aunque desde 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, dejó de concederse esta forma de adquirir la residencia a ciudadanos rusos.

Hace unas semanas, el Gobierno español acordó eliminar las Golden Visa. El acuerdo del Consejo de Ministros se encuentra actualmente en trámite parlamentario para ser ratificado, marcando así el fin de una era de facilidad de acceso a la residencia en España para un determinado universo de extranjeros. La continuidad de estos visados llevaba meses en cuestión, sobre todo porque se han ido sucediendo los países que han abandonado esta herramienta para captar inversores. Así lo hizo hace meses Portugal que, como España, tiró de esta vía para intentar salir de la última crisis financiera. También Canadá limitó la compra de casas por extranjeros –aunque de forma temporal– para tratar de aliviar la presión de precios en el mercado inmobiliario.

Su implantación fue objeto de controversia, especialmente debido a su impacto en la escalada de precios del mercado inmobiliario. Además, la Unión Europea ha instado a poner fin a estos programas por el riesgo de lavado de dinero, evasión fiscal y crimen organizado que comportan.

Los solicitantes seleccionados y sus familias conseguían un permiso "acelerado" para residir en territorio español. Y también podían viajar libremente por la Unión Europea y por el espacio Schengen.

Bruselas siempre fue muy crítica con estos mecanismos. En otoño del año pasado, la Comisión publicó un informe donde señalaba que varios países del Caribe habrían vendido visados a cerca de 88.000 personas de Irán, Rusia o China a cambio de inversiones. Además, la Comisión inició en 2020 sendos procedimientos de infracción contra Chipre y Malta por haber ido más lejos y conceder el pasaporte -no el permiso de residencia- a inversores extranjeros. Chipre puso fin a esta práctica, mientras que Malta ha sido llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE y es el único país que tiene en marcha este tipo de Pasaporte Dorado.

La eliminación de las Golden Visa se enmarca en el objetivo de contrarrestar la especulación inmobiliaria en las zonas de mayor tensión del mercado, como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. Y son precisamente estos puntos donde se concentra el 90% de las autorizaciones concedidas a nivel nacional, junto a Marbella, con un 7% de ellas.

Sotogrande ha sido otra de las zonas donde se adquirieron inmuebles y se realizaron inversiones con la misma finalidad; su número ronda alrededor de los 200, incrementándose en los últimos años a raíz de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. A partir de ese instante, residentes de la costa mediterránea de esa nacionalidad aceleraron la compra de viviendas y realizaron inversiones para poder permanecer en nuestro país sin la obligación de obtener visado.

Decir adiós a las Golden Visa para adquirir la residencia ha sido una buena noticia. En el momento que se aprobaron buscaban ser una solución coyuntural, pero debían eliminarse porque seguían acentuando la discriminación entre ciudadanos migrantes de primera y de tercera al tiempo que no existía transparencia de dónde provenía el capital.