El ancla de Bruselas

Esta semana hemos asistido a un punto de encuentro PSOE/PP largamente diferido: qué se hace con el paralizado Consejo General del Poder Judicial. No ha sucedido en España, sino en Bruselas, adonde, impelidos por el paraguas de la UE, el ministro Bolaños (PSOE) y el eurodiputado del PP González Pons han llegado casi hasta el beso. Por fin se ponen de acuerdo en algo los partidos de la Gran Mayoría. Uno de ellos, el extrañamente “exiliado” González Pons, ha dicho: “Es el principio de una buena amistad”. Inmediatamente, y con esta nueva carnaza, se han arreado a modo en las Cortes Feijóo y Sánchez; qué esperábamos. ¿Converge a base de duelos a garrotazos la política española?

¡Viva Bruselas, y sus mujeres! No disparen sobre el pianista: era una mujer quien medió en este germen de responsabilidad y entendimiento. Como un árbitro de boxeo, le tocó a la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová –checa– interceder en la solución de una anomalía partidista que venía comprometiendo nuestra credibilidad institucional como Estado miembro, enredado en el vicio politicastro de vaciar la división de poderes. O de uno de sus tres pilares, el poder judicial. Cabe meter en este proceso a la Fiscalía General del Estado. Recordemos que el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo, sobrado de poder, aunque el suyo provenga de un poliedro inestable de acuerdos: “¿De quién depende la FGE? Pues eso”. Histórico.

Desde que el barón de Montesquieu en El espíritu las leyes (1748) alumbró una primigenia esencia del Estado moderno, el orden en que se suele mencionar la ilustrada y revolucionaria propuesta de equilibrio de poderes es “ejecutivo, legislativo y judicial”. Digamos que el poder moderador y finalmente decisivo es el judicial. Hablando como mero ciudadano y observador, o sea, sin ánimo técnico, aquí en España, hace unos días y con una demora de océanos de tiempo, el Tribunal Constitucional ha anulado decisiones (sentencias firmes sobre los ERE) de otras instancias más prosaicamente judiciales. En concreto, a toda la jerarquía de tribunales, a la que desautoriza el Constitucional, la instancia filosófica y etérea, dividida entre “progresistas” y “conservadores”. Tras consabidos años de limbo, los primeros, a una, absuelven a Magdalena Álvarez; los segundos, de iguales maneras fuenteovejunas, votaron en contra. Si el vampirismo político del poder judicial va a más o a menos es algo digno de alerta y alarma democrática. Con la dicción de martini seco de Bogart en Casablanca: “Siempre nos quedará Bruselas”.