Cárceles europeas fuera de Europa

La migración ha sido un fenómeno que ha acompañado a la historia de la humanidad desde sus orígenes. Lo cierto es que la propia historia de la humanidad se puede explicar siguiendo las necesidades de movilidad humana motivada por varios y complejos factores, pero el motor principal durante siglos ha sido la necesidad de supervivencia y adaptación a distintos fenómenos, ya sean naturales o bien causados por la mano del hombre.

Lo cierto es que en los últimos años en el mundo occidental la migración y las condiciones de movilidad está ocupando uno de los puntos centrales del debate político. Gran parte de partidos políticos tanto de izquierda como de derecha tienen en común el endurecimiento de las condiciones de entrada bajo el repliegue de populismos identitarios y nacionalistas. En el caso de la extrema derecha, la gestión migratoria se sitúa en el punto central del debate con enfoques maniqueos, simplistas y falsos, pero muy eficaces ante la opinión pública mediante la difusión manipulada de mensajes masivos en las redes sociales. Este repliegue identitario es especialmente visible en los Estados Unidos de Trump y en gran parte de la Europa actual.

En la actualidad, ante la enorme presión de los Estados miembros, la Comisión se está planteando la apertura de centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea siguiendo el modelo que trató de implementar Reino Unido en Ruanda o la Italia posfascista de Meloni en Albania. Estas propuestas tienen en común dos elementos: el altísimo coste que representa para los presupuestos públicos. Se ha calculado que el gasto de transporte de migrantes o solicitantes de asilo desde Italia a Albania puede ascender a 18.000 euros por persona. Además, el centro construido por Italia en Albania cuesta 800 millones en cinco años. A esto hay que sumar los gastos de un buen número de funcionarios. El segundo elemento es el determinante desde mi punto de vista: la vulneración de los principios básicos del ordenamiento jurídico europeo y la conculcación de los más elementales derechos humanos de los migrantes o demandantes de asilo en estas prácticas de externalización del control de fronteras. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales británicos hicieron inviable el proyecto de Ruanda. Ahora son los juzgados italianos y los jueces europeos los que con casi total seguridad acabarán con el proyecto de Meloni. No es fácil un debate sosegado sobre un tema tan sensible, pero sólo vías regulares, ordenadas y seguras son la solución para el complejo reto migratorio. Por supuesto, no las cárceles en el extranjero.