La compleja renovación del Consejo General del Poder Judicial

Cinco años han transcurrido sin que los partidos mayoritarios se hayan puesto de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y ante todo, pese a que algunos medios y ciertos políticos tratan de confundir el Poder Judicial -que reside en cada uno de los jueces- con el CGPJ, hay que recordar que este es un órgano de Gobierno de los jueces y magistrados: no dictan sentencias, pero su función más importante es la de designar a altos cargos de la Justicia: magistrados del Supremo, presidentes de tribunales superiores y de audiencias provinciales.

No se debe olvidar que la composición del CGPJ, en cuanto al número de vocales, es un reflejo del Parlamento en el momento de la renovación, de tal manera que quien tenga mayoría absoluta la reflejará en los vocales que designe. En la actualidad, desde 2013, esa mayoría la mantiene en el consejo el PP.

¿En qué sentido se pretende modificar esa forma de elección? ¿A cuánto se establece en la Constitución, en la que claramente se establece que de los 20 miembros del consejo, 12 serán elegidos entre los jueces y magistrados? Así se hizo en la primera normativa de 1980, fecha en la que estando recién ingresado en la carrera judicial, ejercí mi derecho al voto, estando destinado como juez en Campillos (Málaga). Posteriormente, ese sistema se cambió radicalmente en 1985, interpretando la Norma Suprema el PSOE, en el sentido de que los 12 jueces serían elegidos "entre jueces", pero correspondía al Parlamento su designación al igual que los 8 juristas restantes.

Desconozco la reforma que quiere introducir ahora el PP en la ley. En las elecciones generales de ese año prometió una reforma para que los jueces fueran elegidos por jueces en activo, pero la modificación fue tibia y mal vista por todos, ya que exigía a cualquier juez para presentarse como candidato a vocal 25 avales y, de entre los candidatos, la elección correspondería al Parlamento. De nuevo, la elección política y frustración de expectativas.

Cuando ya tocaba la renovación del actual CGPJ, en 2018, hubo un acuerdo en cuanto a quien sería el presidente, el señor Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y excelente jurista, pero todo se fue al garete al filtrarse un mensaje de WhatsApp de un diputado del PP -el señor Cosidó- a sus compañeros en la Cámara Alta, en el que presumía de un supuesto control del Supremo con ese futuro presidente. La reacción del magistrado fue inmediata, renunciando a cualquier cargo ya que se daba a entender que estaría al servicio del poder político.

Dificulta también el acuerdo el hecho de que el PSOE, a lo largo de estos últimos años, incluía los nombres de los magistrados Victoria Rossell y José Ricardo de Prada, rechazados tajantemente por el PP.

En fin, nos hallamos ante una encrucijada en la que se pretende permanezca la politización del órgano a que me vengo refiriendo, siendo sus componentes correa de transmisión de los partidos políticos que les han designado. A ello se une que no han defendido ni representado los intereses profesionales de la carrera judicial, sino otros distintos, cuales son los de informar leyes provenientes del Gobierno, o designar para cargos importantes a personas de la confianza de cada uno de ellos.

La tardanza en la renovación del TSJA causa perjuicio a los ciudadanos, ya que, desde 2021 -fecha de la Ley que impide nombramientos al CGPJ, estando en prórroga- hay una merma de 26 magistrados del Supremo y se dictan 1.000 sentencias menos cada año.

Urge por ello la designación de un nuevo consejo, debiendo ceder, en mi opinión, cada uno para poder lograr la unanimidad deseada para el bien de las instituciones y la ciudadanía en general, y al propio tiempo, borrar esa negatividad que se está trasmitiendo a Europa.