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Al sur del Sur
La decisión de la Unión Europea de aplazar sine die la puesta en marcha del nuevo sistema de entradas y salidas para los viajeros de terceros países, prevista inicialmente para el 10 de noviembre, prorroga indirectamente las conversaciones que desde hace tres años mantienen la Comisión Europea y Reino Unido para acabar con la Verja que separa la colonia británica de La Línea de la Concepción y del resto del continente europeo. La imposibilidad manifestada por Francia, Alemania y Países Bajos de tener lista la infraestructura del EES (Entry Exit System) en la fecha indicada ha supuesto un alivio para los negociadores del tratado por el que se pretenden abrir a Gibraltar las puertas del espacio Schengen. Sin la presión a corto plazo del calendario, las próximas semanas y meses deberían servir a las partes para reflexionar si compensa el balance de pros y contras de un acuerdo que, a priori, debería integrar de facto y con todas las consecuencias al Peñón en el marco de los 27 -con unas condiciones con las que todos ganemos- o si se debe aplicar de una vez el Código de Fronteras Schengen, sin medias tintas, de tal forma que la Verja pierda su estatus actual, basado en un sui generis control de paso sin soporte legal alguno.
El pasado jueves, a las 23:00, los agentes Policía Nacional asignados al mal llamado puesto fronterizo de Gibraltar (desde la perspectiva de España, no puede haber frontera con un territorio considerado como propio) comenzaron a aplicar el Código de Fronteras Schengen: sellado y registro de los pasaportes. Esto provocó que, en reciprocidad, a las pocas horas y coincidiendo con la entrada de miles de trabajadores transfronterizos al Peñón, las autoridades de la Roca les exigieran los pasaportes para pasar. Del caos que se produjo dieron buena cuenta los medios de comunicación y las redes sociales.
Aunque pareció abrupta, la decisión de los mandos policiales españoles en ese momento se enmarcó en la norma comunitaria, en concreto, en la orden de sellado recogida en el artículo 11 del citado código, y tras haber formulado en vano varias peticiones a los responsables del Ministerio del Interior para que dejen constancia por escrito de la excepcionalidad de la que disfruta Gibraltar.
No se trata de fastidiar a nadie ni de levantar muros, sino de cumplir y hacer cumplir la norma respecto a los ciudadanos de terceros países en la Verja, de la misma forma que ya se aplica en los demás controles fronterizos de la UE. Dicho de otra forma, cuando se solicita a los agentes de la Policía Nacional que ni registren ni sellen los pasaportes en la Verja se les está induciendo a la prevaricación. Es un error invocar en este caso las buenas y necesarias relaciones entre los pueblos español y gibraltareño para saltarse la ley porque lo que está juego, y no son palabras vacías, es la defensa y la seguridad de las fronteras exteriores de España y de la UE. ¿Acaso se pretende confiar ese papel a las autoridades británicas?
Pongámonos por caso que en una de estas y por la actual frontera flexible (conviene subrayarlo una vez más, contraria al Código de Fronteras Schengen) se nos cuela de buen rollito un peligroso criminal cuyo pasaporte ni se registra ni se sella. Si ese individuo comete a posteriori un delito en España: ¿Quiénes responderían ante la Justicia por el dónde, cómo, cuándo y por qué ha entrado esa persona en nuestro país? ¿El policía de turno, el jefe del puesto, el comisario o el cargo ministerial que dio la orden verbal de que no hace falta controlar los pasaportes?
Lo sucedido en la Verja en la madrugada y primeras horas de la mañana del pasado viernes puede ser un ensayo general de otras escenas similares, que se darán en tanto no haya un acuerdo entre la UE y Reino Unido, con el concurso de España y también de Gibraltar. A menudo, es en los momentos más críticos cuando surgen las soluciones más demandadas. Entretanto estas llegan, más vale que españoles y llanitos nos armemos de paciencia y que llevemos nuestros pasaportes si nos disponemos a entrar y/o salir del Peñón.
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