¡Que ERE broma!

Que resulta que el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía no existió. Según decía la exdirigente socialista Magdalena Álvarez en un evento reciente: “el caso de los ERE está cerrado con la sentencia del Tribunal Constitucional”. Sostiene que el Constitucional anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al completo. Que nunca hubo corrupción. Que todo fue una invención del PP para hacerse con el poder en Andalucía.

Y yo me pregunto ahora, si todo fue una invención del PP ¿dónde está el dinero?, ¿es mentira entonces que dirigentes socialistas adquiriesen drogas y servicios de prostitutas con el dinero de los trabajadores de Andalucía?, ¿es mentira entonces que la supuesta trama clientelar alrededor del PSOE-A nunca existió? Por supuesto que existió. Y por mucho que Magdalena Álvarez exija que se reponga su imagen pública, y por mucho que se queje del trato recibido, lo realmente cierto es que el caso de los ERE de Andalucía existió y también es cierto que ella perteneció a un gobierno autonómico (al igual que lo hicieron Chaves y Griñán) alrededor del cual se tejió una red clientelar que supuso el mayor fraude en términos monetarios absolutos de la historia reciente de España.

Por mucho que los dirigentes socialistas repitan que el Constitucional anuló la sentencia, es mentira. Lo que el tribunal viene a decir es que las normas aprobadas por el Gobierno al que Álvarez, Chaves o Griñán pertenecían -entre otros- y que facilitaron la creación de la red clientelar no suponen un hecho probado de comisión de los delitos que sí ocurrieron y que no se han anulado en dicha sentencia. Sin embargo, ¿que el Constitucional argumente que no hay vinculación directa entre aprobar reales decretos y el hecho delictivo, supone que no tuvieran conocimiento de lo que ocurría y aun así no hicieran nada por evitarlo? Tampoco. El debate que plantea la sentencia original del TSJA y la contra sentencia del Tribunal Constitucional merece una mayor reflexión. ¿Hasta qué punto un dirigente político es responsable de aquello que ocurre a su alrededor?

El fraude de los ERE era vox populi: aparecía en prensa, el caso estaba en los juzgados, pero ¿nadie en el gobierno andaluz se dio cuenta antes?, ¿hicieron algo para evitar el fraude?, ¿acaso miraron hacia otra parte? Obviamente su pasividad ayudó al fraude y podemos discutir si estos políticos son corresponsables del fraude, no por acción directa sino por inacción como dice el TSJA. En mi opinión lo son, pues lo sabían y no hicieron nada por evitarlo. Al igual que Rajoy sabía lo de Bárcenas o Sánchez sabe lo de Ábalos. Nos venden que son tontos, pero son muy listos. Son corresponsables de lo ocurrido; ahora bien, ¿son responsables penales? Ahí es donde entra el Tribunal Constitucional con su sentencia y es donde debe plantearse el debate. ¿Si un político hace malas políticas, que derivan en fraude, es corresponsable del fraude?, ¿es un cooperador necesario (cómplice)?, ¿queremos al frente a políticos que dicen no darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor o que, aun dándose cuenta, no hacen nada por evitarlo o por depurar responsabilidades? Igual deberíamos plantearnos dignificar la carrera profesional de los políticos, empezando por exigir una diligencia debida y aquellos que no puedan probar que actuaron correctamente apartarlos de la política para siempre. Recordemos que el dinero que manejan es el dinero de todos.