El error del PP en los procesos por narcotráfico

Tras los sucesos ocurridos en Barbate el pasado mes de febrero, donde fallecieron dos guardias civiles, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), visitó días después la ciudad y manifestó públicamente que “propondría una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que la Audiencia Nacional asumiera los casos más graves de narcotráfico en la provincia de Cádiz”. Pensaba, con su mejor intención, aunque mal asesorado, que ello sería la panacea, ya que argumentaba que aquellos magistrados estaban más acostumbrados a instruir y celebrar procesos de gran enjundia, entre ellos por narcotráfico.

Craso error. De inmediato a esas palabras, que consideraba erróneas y expuestas en un momento de dolor de familiares de los vilmente asesinados, en Europa Sur, en el espacio Tribuna Libre, rebatí los argumentos del señor Feijóo en un artículo titulado “Legislar en caliente”, el 14 de Febrero.

Conocido ahora que aquel proyecto ha fracasado en el Parlamento, donde se ha rechazado la proposición popular, considero que junto a razones de índole política, existen otras que ya expuse hace meses. Y es que la Audiencia Nacional es un órgano, creado en enero de 1977, para sustituir al extinto Tribunal de Orden Público. Su puesta en marcha obedeció a fin de instruir y enjuiciar los delitos de terrorismo en la época dura de ETA y que se producían básicamente en el País Vasco. Y su finalidad fue el hecho de sustraer esos casos a jueces de la zona aludida y evitar los enjuiciamientos en el lugar de su producción por el impacto que tenía sobre los magistrados que juzgarían esos asesinatos y alejarlos hasta Madrid. Posteriormente, se han ampliado las competencias en materia Penal y se han creado Salas de lo Contencioso y Social.

Son lamentables las palabras del señor Romaní, diputado del PP, al tratar de justificar la modificación, diciendo textualmente que la Audiencia Nacional es un órgano “especializado, experimentado y de reconocida reputación en el ámbito judicial europeo”. No existe duda de que se trata de jueces de reconocida competencia, a nivel europeo, pero los jueces y magistrados del Campo de Gibraltar están igualmente capacitados, pero con una gran diferencia: la Audiencia Nacional tiene todos los medios que se requieren para una buena administración de Justicia y, en cambio, los jueces de esta zona carecen de los más básicos, con promesas desde hace años de mejorarlos y que nunca llegan.

De otro lado, no se reconoce en modo alguno por dicho diputado el esfuerzo tan enorme que se realiza por la Judicatura del Campo de Gibraltar, careciendo de medios y sacando adelante procesos por narcotráfico, complicados de instruir y juzgar, cuyas sentencias, en su gran mayoría, son ratificadas por tribunales superiores. Ha de colegirse que el prestar servicio público durante varios lustros en esas condiciones hace que se adquiera la misma experiencia y competencia que en otros puestos considerados de mejor nivel.

Hay otro factor importante: quienes ejercen jurisdicción en Campo de Gibraltar carecen de protección personal. En cambio, políticos de segundo y tercer nivel se preocupan de asegurar sus espaldas, con policias para su servicio y seguridad de su persona.

Es mi opinión, ya expresada en tantísimas ocasiones. En vez de tratar de sustraer esa competencia a los jueces del lugar y trasladarla a 700 kilómetros, con vulneración del principio de acercamiento de la Justicia al ciudadano, lo que debería hacerse -y lo digo con mi mayor respeto- sería pedir de inmediato ante el Parlamento de Andalucia -con competencia en medios materiales para Justicia- los medios necesarios para que se pueda impartir Justicia en una zona tan olvidada como lo es el Campo de Gibraltar.

Y al mismo tiempo, tratar de hacer avanzar la propuesta de  zona de “especial singularidad”, reclamando dotaciones necesarias para policías, guardias civiles y miembros de Vigilancia Aduanera, tan necesarios para luchar y enfrentarse a veces de modo violento a quienes se dedican a un crimen tan execrable como el tráfico de drogas, que tantos muertos y adictos lleva causando desde hace muchas décadas.