¿Por qué existe Educación para la Ciudadanía?

LA Ley Orgánica de Educación (LOE), que entró en vigor en mayo de 2006, introduce en el currículo educativo una nueva materia denominada "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" que pretende formar a los alumnos y alumnas en el conjunto de valores recogidos por nuestra Constitución:

Una asignatura para formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los valores democráticos, para educar en el mínimo común ético constitucional.

La base fundamental de los contenidos de esta asignatura son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los valores recogidos en la Constitución Española.

Creo que es importante saber, que, la Constitución no es una norma neutral; la Constitución posee un ideario educativo. La formación en dicho ideario educativo, recogido en su artículo 27.2, es de carácter obligatorio y al cumplimiento de dicho deber responde la creación de la nueva asignatura.

Nos igualamos a Europa: esta misma materia curricular se imparte en 19 países europeos (16 de ellos miembros de la U. E.) -con este u otro nombre- como materia independiente. Por tanto no es cierto que España sea una excepción.

Mientras que, desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, la educación en valores constitucionales se ha introducido de manera transversal en el currículo -opción plasmada de forma explícita en la LOGSE, de 1990 y en la LOCE, de 2002- la LOE opta por crear una materia curricular específica. Con ello se pretende evitar que dicha formación se diluya entre el resto de contenidos educativos.

La preocupación por la educación para la ciudadanía democrática (en su denominación más habitual) está ampliamente extendida en Europa y España no tiene por qué constituir una excepción. El Comité de Ministros de los estados miembros del Consejo de Europa hizo de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de su política educativa. Poco después asignó máxima prioridad a esta propuesta al declarar el año 2005 "Año Europeo de la ciudadanía a través de la educación". Esta signatura en la mayoría de los estados miembros ya ha sido incorporada. Incluso el Gobierno de Berlusconi, nada sospechoso de izquierdista laicista, ha incorporado una asignatura similar en Italia con carácter obligatorio.

Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutivos de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos y ciudadanas.

Para el Partido Popular y otros sectores conservadores, esta asignatura tiene unos graves riesgos de adoctrinamiento y de ahí su llamada a la insumisión bajo la excusa de objeción de conciencia. Sin embargo, creo importante señalar que la objeción de conciencia a esta materia curricular es jurídicamente insostenible a la vista del mandato contenido en el artículo 27.2 de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es correcto hablar, por tanto, de objeción de conciencia, sino de absentismo escolar cuando se pretende excluir al alumnado de la asistencia a una asignatura que goza de todos los requisitos pedagógicos y que tiene como fin formar conciencias libres y comprometidas con los valores de nuestra democracia.

El PP afirma que Educación para la Ciudadanía es una materia dogmática que pretende difundir la ideología laicista del PSOE; esta afirmación es totalmente insostenible, puesto que los contenidos que incluye son la Constitución Española y los Derechos Humanos. Los profesores que impartirán la asignatura serán, en Primaria, los maestros; en Secundaria, profesores del área de ciencias sociales o filosofía y, en los centros privados, el director del colegio designará al profesor que imparte la asignatura. Es decir, funcionarios y profesionales como en el resto de las asignaturas. Incluso la patronal de colegios concertados católicos FERE imparte con normalidad la asignatura y ha preparado un manual de texto de la editorial SM.

Creo que es irresponsable llamar abiertamente a la insumisión y al incumplimiento de una Ley. El PP tiene todo el derecho a cambiar las leyes cuando tenga mayoría parlamentaria suficiente, pero hasta entonces tiene la obligación de cumplirlas.