La falla Pumpido

EN la arquitectura de ocupación por afines de todas las instituciones para asegurar la permanencia en el poder del sanchismo el máximo tiempo posible, la elección de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional ha sido una de las piedras angulares. La legislatura inviable resiste, pese a haber perdido la mayoría parlamentaria que legitimó la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, precisamente porque el presidente confía en que su dominio sobre el poder legislativo, al que tiene anulado hasta el punto de incumplir flagrantemente la Constitución con la decisión dolosa de no presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, se extienda sobre el judicial por la vía de la injerencia en la el ámbito jurisdiccional de la Corte de Garantías.

La primera y grave injerencia se produjo con las sentencias de amparo a los condenados en firme por delitos de corrupción por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos auspiciados desde la Junta de Andalucía cuando la gobernaba el PSOE.

Esa injerencia sin parangón en la jurisdicción penal es la base argumental por la que la Audiencia Provincial de Sevilla está a punto de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para que señale si la mayoría del Constitucional que lidera Conde-Pumpido se extralimitó y dictó sentencias contrarias al derecho comunitario.

La desaforada reacción del presidente del TC para tratar de impedir que la justicia europea revise esa injerencia en el caso de los ERE se ha tornado en fiasco: no hará nada porque nada puede hacer para vetarlo. Conde-Pumpido ni siquiera se ha atrevido a consumar su intención porque ni los informes que existían lo avalaban ni contaba con el respaldo de todos los magistrados que suelen votar con él en el llamado bloque progresista de la Corte de Garantías, que tiene una amplia mayoría.

Mientras escribo, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo acaba de confirmar el criterio del magistrado Pablo Llarena de no aplicar a Carles Puigdemont la infame ley de amnistía respecto del delito de malversación. Y hete aquí que el episodio de los ERE precisamente revela la falla Pumpido antes de que el TC decida si es constitucional la amnistía, una potestad negada a las Cortes Generales por los ponentes de la Constitución por dos veces. Un aviso que se une al que hizo en febrero: los magistrados del TC también pueden ser investigados por prevaricación.