Hace muchos años que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y el conjunto de la comunidad portuaria local vienen demandando la creación de un fondeadero exterior que permita facilitar la logística e incrementar el tránsito de buques, dos factores clave a los que se unen mejoras tanto en la seguridad como en el medio ambiente por la reducción del tráfico de barcos en el Estrecho y de emisiones contaminantes, toda vez que centenares de barcos aguardan a lo largo del año su turno de entrada en los muelles navegando a baja velocidad con los motores en marcha.

Los intentos de la APBA por hacer realidad su propuesta han venido tropezando todo este tiempo con una amalgama de desidia, burocracia e intereses cruzados que han hecho imposible su activación, pero todo parece haber dado un giro: la Dirección General de Marina Mercante ha dado el paso para crear ese fondeadero, a unos 2 kilómetros de la costa de San Roque en su punto más cercano, junto a un segundo que estaría a la altura de Manilva, en Málaga.

Es evidente que, como ocurre con cualquier actividad humana, ambos fondeaderos tendrían un impacto ambiental -en este caso, sobre todo visual- si bien en el otro lado de la balanza hay que colocar los aspectos señalados inicialmente. Con todos los matices que sea preciso, el resultado no puede ser otro que aprobar las dos zonas para el estacionamiento temporal de barcos. Contar con el primer puerto de España y cuarto de Europa comporta en el día a día una servidumbre que se compensa en términos de empleo y de ingresos, entre otros muchos aspectos. Las alegaciones presentadas contra los planes de Marina Mercante por los ayuntamientos de La Línea y San Roque, junto con Verdemar-Ecologistas en Acción, deben ser estudiadas al detalle y tenidas en cuenta en todo aquello que sea posible aplicar, pero siempre en la medida en que el proyecto no se demore por más tiempo.

Tiene su miga que las conversaciones en torno al tratado sobre el Peñón no aborden la cuestión de la territorialidad de las aguas

Hay un factor añadido y que no debe ser pasado por alto: Gibraltar, pese a carecer de aguas territoriales en virtud del Tratado de Utrecht, emplea dos zonas como fondeaderos para los buques que operan con su puerto, especialmente en operaciones de trasvase de combustibles. Es más, como denuncia Verdemar-Ecologistas en Acción, hay áreas fuera de las mal llamadas “aguas en litigio” con España que las empresas del Peñón emplean como fondeaderos al margen de toda norma, más en concreto, frente a la costa linense y muy cerca de donde España pretende aprobar con todas las de la ley uno de esos fondeaderos para el Puerto de Algeciras.

No parece sensato, así pues, que la APBA continúe por más tiempo peleando, con una mano atada la espalda, por gestionar un espacio que necesita a todas luces mientras Gibraltar hace de su capa un sayo, sin importarle cuestiones paisajísticas o medioambientales.

Tiene su miga también que las conversaciones en torno al tratado sobre el Peñón no aborden la cuestión de la territorialidad de las aguas, puesto que ni los gobiernos de España ni de Reino Unido se reconocen respectivamente jurisdicción alguna sobre aquellas, lo cual equivale a no reconocerse capacidad de negociación al respecto. Eso sí, sigamos hablando de la prosperidad compartida. Qué bueno.