El mazo de Montero

El anuncio de paralización de los proyectos industriales por parte de Repsol en su planta de Tarragona, por valor de 1.100 millones de euros, fue la antesala del que el pasado viernes, tan solo dos días después, realizó Cepsa en el mismo sentido: la suspensión de la inversión prevista por la compañía para la puesta en marcha del llamado Valle del Hidrógeno Verde, con proyectos complementarios en los parques energéticos de San Roque y Palos de la Frontera. Sumados ambos, están en juego no menos de 3.000 millones de euros y la creación de 12.500 empleos para la fabricación, a partir de 2027, del combustible de un futuro que debe ser presente, libre de emisiones contaminantes.

La decisión del Ministerio de Hacienda de prorrogar el llamado impuestazo energético ha llevado a Cepsa a echar el freno de mano a la inversión industrial de mayores proporciones en la historia de Andalucía y a explorar las posibilidades que se le abren en otros países con menos carga fiscal. De todos es sabido que, a esos niveles empresariales y con esas cifras, el capital no se paraliza y busca siempre la mayor rentabilidad, en paralelo a la seguridad normativa y jurídica. Y que una vez inician el camino alternativo, difícilmente vuelven sobre sus pasos.

Por una vez, nos queda la esperanza de que los socios independentistas del Gobierno le hagan ver que los planes de Repsol en El Morell bien merecen la retirada del impuestazo

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de las finanzas del Estado, se niega a retirar su impuesto extraordinario a las energéticas y tilda de “amenazas” la réplica recibida no solo por parte de Cepsa y Repsol, sino también BP y GALP. Evidentemente, asistimos a un pulso entre el Gobierno y todas las compañías del sector, si bien estas pueden abandonarlo en cualquier momento y mover sus fichas en otro tablero donde se les ofrezcan más libertad y rentabilidad para sus accionistas. Apelar a “vivir con normalidad” las advertencias de las empresas y sentenciar que estas llevan a cabo una mera maniobra de “sobreactuación”, como afirma la número dos del Gobierno, es mucho arriesgar por su parte.

El Ejecutivo, que acertadamente ha hecho suya la bandera contra el cambio climático, corre el riesgo de quedarse solo con el mástil en la mano y de perder una oportunidad histórica para desarrollar en España una industria verde, muy particularmente en Andalucía, aprovechando la presencia y la larga experiencia de Cepsa, los puertos de Algeciras y Huelva y la capacidad de producir electricidad mediante fuentes renovables, tanto solar como eólica. Es un contrasentido predicar la buena nueva del hidrógeno verde y dar con el mazo a las empresas protagonistas de ese cambio.

Montero debe calibrar los riesgos de su apuesta, no vaya a ser que después de tantas expectativas y de proyectos en marcha nos quedemos desconectados y sin hidrógeno verde. No obstante, por una vez, nos queda la esperanza de que los socios independentistas del Gobierno le hagan ver que los planes de Repsol en El Morell bien merecen la retirada del impuestazo.