El ministro Albares y los rellenos de Gibraltar

Publicaba este periódico hace unos días la carta de respuesta del ministro Albares a la organización ecologista Verdemar en relación con los impactos ambientales de los rellenos que se están realizando en la cara este de Gibraltar. Me llaman poderosamente la atención varios aspectos que quiero destacar en esta columna. En primer lugar, la carta reconoce que tales obras constituyen una “violación de la soberanía e integridad territorial de España” y, sin embargo, ante la gravedad de la calificación la respuesta es absolutamente sorprendente: una mera nota verbal de protesta ante la embajada británica y “contactos” con otras administraciones para coordinar respuestas.

Mientras tanto, el paso de camiones con piedras de escollera desde territorio español es continuo por la frontera, consolidando una situación que pronto será irreversible. Ante la política de hechos consumados desde Gibraltar la debilidad de la posición española muestra una clamorosa falta de coordinación en la política exterior del Estado en la defensa de nuestros intereses. Queda en el aire un interrogante al que prefiero no compartir mi respuesta, ¿qué credibilidad tiene un país si ante una reconocida violación de su soberanía e integridad territorial su respuesta es un nota verbal y contactos con otras administraciones?

La carta que he mencionado al principio reconoce que las obras vulneran la normativa española y europea y, sin embargo, parece justificar la inacción (más allá de la nota verbal) de la acción exterior del Estado en las competencias de otras administraciones, en particular, la Junta de Andalucía. Desde mi punto de vista, esta respuesta no sólo es sorprendente sino absolutamente inadecuada en términos políticos y jurídicos. La acción exterior de España debe pivotar en torno al Gobierno, siendo el responsable del Ministerio de Exteriores el encargado de una coordinación eficaz y coherente con otras administraciones en la defensa de los intereses de Estado. No pretendo entrar en la controversia jurídica sobre la titularidad de las aguas que rodean Gibraltar, pero si España mantiene oficialmente que entran en su jurisdicción y soberanía lo cierto es que se espera un comportamiento coherente. Por otra parte, es exigible que un Estado utilice los recursos que proporciona el ordenamiento internacional para la defensa de sus intereses. Las obras de rellenos van a suponer un importante efecto medioambiental negativo de forma directa e indirecta en aguas teóricamente protegidas, alterando la dinámica litoral y afectando severamente a los recursos pesqueros y turísticos de una de las poblaciones más vulnerables ante las controversias de Gibraltar como es La Línea. Una vez más, desde el territorio echamos en falta un Gobierno que defienda nuestros intereses.