El ministro Puente y el agitador

El ministro Óscar Puente no evoluciona en sus procedimientos y maneras. Aprovechando una polémica absurda, ahora se dispone a privar a los menores andaluces del transporte gratuito, porque a la Junta se le ocurrió mencionar esta ayuda ocultando que la financia el Estado. El titular de Transportes, al parecer, ha decidido que él es más importante que todos los niños andaluces juntos incluidos los hijos de sus votantes, para que nadie diga que no es consecuente. Como tantos otros de su generación, es como si estuviese poseído por una fuerza interior que, con el poder que le otorgan las redes sociales, le transforma en un ser altivo y con poca gracia. Cuesta creer que el político más agitador del Gobierno, que entra al trapo de todas las polémicas atizando a sus rivales, sea el mismo señor que se puso manos a la obra al frente de su Ministerio para coordinar las tareas tras la tragedia de la dana de Valencia dando ejemplo y sin perder un segundo. Pero las redes se han convertido para muchos gobernantes en lo que la radio significó para Goebbels: una herramienta de propaganda irresistible.

Desde que Pedro Sánchez lanzó a sus ministros a la conquista de los territorios perdidos poniendo toda la artillería de la Administración a su servicio, la fijación por Andalucía es muy evidente, como lo demuestra fielmente su escudero más histriónico buscando el cuerpo a cuerpo con la Junta para provocar su reacción. Esta obsesión podría elevar la autoestima de los andaluces menos conscientes de su potencial, pero no deja de ser algo desagradable porque genera desunión y falta de compromiso. Puente no exhibe la misma insensibilidad con todas las comunidades. En Cataluña se aplica la autocensura con tanta disciplina que no parece ni él. El mimo que allí presta al menor incidente con Renfe –improvisando comisiones sobre la marcha ante el caos organizado generado por cualquier avería– es inversamente proporcional al pasotismo que dispensa a los graves achaques que sufre la red ferroviaria andaluza. Hacen bien las administraciones en exigir una bonita placa donde quede claro el origen de los fondos con que financian sus proyectos. Y aunque en no pocas comunidades cueste un mundo encontrar un cartel donde se pueda leer que paga España –sobre todo en Cataluña y País Vasco– esto no justifica que la Junta no guardara la debida lealtad institucional en vez de atribuirse los méritos en solitario. Los comportamientos partidistas como el del ministro rozan el radicalismo y son contagiosos. Hoy nadie responde en el Congreso por lo que se pregunta y los problemas que de verdad importan a la gente se quedan a las puertas. Mientras que todos actuemos como si no pasara nada, seremos un poco cómplices de este desvarío. Las costuras del Congreso y el Parlamento no soportarán mucho más tiempo a merced del sectarismo.