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Mikel Lejarza
Toulouse
Tribuna de opinión
Algeciras/Este miércoles se ha conocido la sentencia de 28 años y dos meses de prisión para el conductor que atropelló a un policía nacional hace cuatro años. Durante las dos sesiones que duró la vista oral se puso de manifiesto el desprecio de las bandas de narcotraficantes por la vida de los demás cuando de salvar su mercancía se trata, y más específicamente la de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando en el ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas de velar por la libertad y seguridad de los ciudadanos y en prevención y represión del delito, actúan jugándose la vida.
Lo que ocurrió en la carretera de Los Yanquis aquel 5 de septiembre de 2020 fue, desgraciadamente, un caso más. Antes de aquel día, los ponzoñeros ya habían dado un salto cualitativo en su actuar criminal. Después de aquel día también lo han vuelto a demostrar. Se ha pasado del narcotráfico a lo narcotrágico. Lo último en el tiempo, y en la bestialidad criminal de quienes pilotaban la embarcación que atropelló mortalmente, en el mar, a dos guardias civiles, fue lo ocurrido en febrero de este año en el puerto de Barbate.
El narcotráfico en Andalucía, específicamente en Cádiz, es una realidad semejante al terrorismo. Sin embargo el trato que el estado dispensa a las víctimas de lo narcotrágico está lejos de ser igual.
El Estado en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reitera su compromiso de "perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones". Pues bien, una de esas expresiones es precisamente el terrorismo de que hacen gala los traficantes de hachís, sobre todo. Sin embargo, da la sensación de que al tráfico de estupefacientes, tan dañino para la salud pública no se le quiere combatir de la misma manera, a pesar de que también se produce su deslegitimación ética y social.
No basta con rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra el narcotráfico. Las medallas al mérito policial con distintivo rojo –escasamente pensionadas- y homenajes a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son insuficientes.
La lucha contra los narcos se ha cobrado muchas vidas. Desde 2017, seis agentes han muerto en el Campo de Gibraltar. Víctor Sánchez, tenía 46 años era policía local de La Línea de la Concepción. Murió atropellado por los narcos. En mayo de 2019, el agente Fermín Cabezas, murió cuando perseguía a un coche cargado de droga. En 2021, el guardia civil Agustín Cárdenas fue embestido por dos jóvenes que pertenecían a un coche lanzadera para alertar al que llevaba la cocaína. El agente de Vigilancia Aduanera, José Luis Domínguez Iborra, moría unos meses después tras precipitarse su helicóptero al agua durante una persecución a una narcolancha cargada de hachís. No debemos permitir la legitimación social del narcoterrorismo, de lo narcotrágico.
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