Una propuesta sobre las aguas compartidas

Los diversos incidentes que se han venido sucediendo este verano en las aguas de la bahía de Algeciras/Gibraltar nos ponen de manifiesto la necesidad de un acuerdo sobre la gestión y la cooperación en este espacio marítimo entre todas las partes. No me refiero a un acuerdo que precise la determinación de los espacios marítimos ya que las diferencias jurídicas son insalvables y, además, están fuertemente contaminadas por enfoques e intereses políticos. No parece, además, que sea el momento adecuado con cuestiones esenciales en juego en un complejo proceso de negociación que podría ser histórico. En su caso, sólo un tribunal internacional o corte arbitral, si mediera la voluntad expresa de las partes, podría dirimir la controversia basándose exclusivamente en las reglas y principios del Derecho Internacional. Pero no es necesaria tal delimitación para que las partes puedan llegar a un acuerdo básico sobre los aspectos prioritarios en relación con las aguas de nuestra bahía.

Desde mi punto de vista, estos aspectos deberían ser fundamentalmente la protección del medio marino, la seguridad marítima y la represión de actividades ilícitas. De esta forma, en un documento que no necesitaría ser un tratado para evitar la complejidad procesal y política de su tramitación, sino un instrumento de soft law y previa la inserción de una cláusula que garantizase las posiciones jurídicas de las partes y su compromiso de no modificación por el acuerdo, se podrían incluir los principios básicos que deben regular la cooperación en la gestión de las aguas de la bahía que, en realidad, son aguas compartidas. Como he mencionado, la cooperación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la represión de actividades ilícitas debería ser una prioridad con canales permanentes y abiertos de comunicación que permitieran una cooperación eficaz que evitara situaciones complejas como la que ha sucedido este verano, con persecuciones iniciadas en una jurisdicción y que terminan en otra con enormes riesgos y que finalizan siempre beneficiando al presunto infractor. La enorme riqueza ecológica y la biodiversidad presente en estas aguas requiere también de mecanismos concertados de protección y gestión con obligaciones comunes, como la correcta depuración de aguas residuales, la gestión pesquera responsable, el desarrollo de actividades recreativas o turísticas de avistamiento de cetáceos, investigación científica, etc.

Finalmente, el riesgo permanente de accidentes marítimos requiere de una comunicación fluida y coordinada entre las autoridades marítimas con protocolos coordinados. Con o sin acuerdo sobre el estatuto europeo de Gibraltar, creo que este acuerdo es absolutamente necesario en relación con las aguas de la bahía que, a fin de cuentas, son compartidas.