Los rellenos de Gibraltar con piedras españolas, sobre aguas españolas

El pasado mes de septiembre, el número de camiones con mercancías de todo tipo que atravesaron la Verja desde España en dirección a Gibraltar fue de 8.748, cifra que en octubre subió más de un 21%, hasta llegar a 10.644. Como expuso este periódico el 5 de noviembre, el motivo de dicho aumento -alrededor de 2.000 camiones más- hay que buscarlo principalmente en el progresivo y visible incremento de la importación por parte del Peñón de piedras, procedentes de canteras situadas en Casares y Manilva, para llevar a cabo rellenos en aguas españolas. Dicho de otra forma: España colabora a conciencia y de forma directa en la ocupación de un espacio que reclama como propio y no cedido en tratado internacional alguno. Inaudito.

Ante esta situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación guarda silencio y no presenta ante Reino Unido protesta alguna, a diferencia de las quejas de años anteriores, cuando tachó de "inadmisibles" operaciones similares, conforme al derecho internacional y al Tratado de Utrecht. Exteriores obvia también que la zona está catalogada, desde 2006, como Lugar de Interés Comunitario por la Comisión Europea y como Zona Especial de Conservación, por decreto del Ejecutivo español, desde 2012, debido a la presencia de especies marinas protegidas. Pero es que tampoco han dicho aún esta boca es mía la Junta de Andalucía, con competencias en materia de medio ambiente bien reflejadas en el Estatuto, ni el Ayuntamiento de La Línea, ya que la playa de Santa Bárbara -la más próxima al Peñón- sufre una acumulación de arena fuera de lo normal debido a esos rellenos.

Tan solo Verdemar Ecologistas en Acción ha alzado la voz, traslandando la situación ante la Fiscalía General del Estado, que ha iniciado un proceso de indagaciones tras admitir a trámite la denuncia. Los verdes ya advirtieron de los rellenos ilegales al ministro Albares en octubre pasado, pero con escaso éxito; Gibraltar sí tomó nota: de ahí que haya acelerado la llegada de camiones, en previsión de que la Fiscalía se atreva a ordenar su paralización de forma cautelar. En el caso de que así fuese, la colonia se vería obligada a traer las piedras por vía marítima y desde fuera de España, con unos costes más elevados.

De todo lo narrado podemos sacar varias conclusiones, casi ninguna positiva: la primera es que las administraciones españolas están haciendo una dejación de funciones clara como el agua en la defensa de los intereses del país, dando visos de normalidad a una práctica ilegal por parte de un tercero y sentando un peligroso precedente. La segunda es que esa defensa de los intereses de España, a día de hoy y a los hechos nos remitimos, recae en muchas ocasiones más en la sociedad civil que en sus representantes políticos; en el caso expuesto, en una organización ecologista cuyos argumentos se remiten literalmente a lo fijado en las leyes y otras normas. Por último, la negociación del tratado por el que Gibraltar pretende incorporarse al espacio Schengen debe servir para crear espacios de encuentro comunes, con reglas respetadas por todos y sin excepciones, no para consolidar los privilegios injustificados por parte de quien más tendría que perder si se aplicase un Brexit duro y por quien muestra también actitudes desleales con sus vecinos.