Acerca de la renovación del Poder Judicial

Algeciras/Tras cinco años y medio de interinidad del Consejo General del Poder Judicial, el martes de la pasada semana los dos grandes partidos -PSOE y PP- llegaron a un acuerdo para renovarlo mediante la fórmula de ser ellos los que designen en su totalidad a los 20 miembros.

Como es conocido, el Consejo es el órgano de gobierno de los jueces. No dicta sentencias; designa a los jueces que pasan las pruebas para su acceso a la carrera judicial; ejerce el servicio de inspección de juzgados y tribunales y su función también importante es la designación de magistrados del Tribunal Supremo, así como otros altos cargos. De ahí el interés de los partidos políticos por controlar y designar quienes acceden a él.

Para poder pactar, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha tenido que renunciar a uno de los principales elementos de presión sobre el PSOE: el manido “que los jueces elijan a los jueces”. Y ha cedido ante la amenaza del presidente del Gobierno de que de no accederse a la renovación antes del 30 de Junio, modificaría la Ley. De hacerlo ya no serían los 3/5 de componentes de las Cámaras legislativas quienes designarían a quienes iban a formar parte del órgano de gobierno de los jueces, sino que se haría por mayoría simple, con lo que ya no se contaría con el PP para tal renovación.

Y es que el PP ha tenido oportunidades gloriosas de cambiar la ley adaptándola a la Constitución, en el sentido de que los 12 miembros del Consejo, jueces, serían elegidos por los propios jueces y magistrados, y no lo hizo. Es más, en 2011, con mayoría absoluta, Mariano Rajoy hizo promesa de ese cambio, pero su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lo que hizo fue consagrar el sistema actual, del que ahora esta formación política se ha venido quejando.

Pese a todo ello, soy de la opinión de la necesariedad y urgencia que suponía el acuerdo, ante la paralización que ha supuesto durante los últimos tres años, al imponerse por ley la prohibición de nombrar el Consejo a altos cargos judiciales -magistrados del Supremo, presidentes de tribunales superiores y de audiencias provinciales-. Piénsese que, a día de hoy, existen 27 vacantes en nuestro más Alto Tribunal, con las consecuencias negativas que ello conlleva ante la falta de resolución de recursos e interpretación de leyes, que guían al resto de tribunales.

Sí llama la atención el hecho de que PP y PSOE se pusieran bajo la supervisión del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para obtener su mediación en el conflicto, dando una imagen de que España es un país menor de edad y sin madurez democrática.

Ya se verá en un futuro próximo si llegan a cumplirse los acuerdos complementarios, meros deseos de voluntad firmados por ambas partes. Uno de ellos es el que insta al nuevo Consejo a que en un plazo de seis meses llegue a redactar una forma nueva de designar a los integrantes del futuro Consejo, que se formaría dentro de cinco años. Igualmente, el que los jueces que accedan a cargos políticos, una vez cesen en ellos, deberán permanecer dos años sin poder ejercer la Judicatura.

También relevante es el hecho de que, quien haya sido miembro de Gobierno, Secretaría de Estado o consejero de Gobierno Autonómico en los últimos cinco años, no podrá ser nombrado fiscal general. Se evitaría el que un miembro del Gobierno, al cesar, sea nombrado de inmediato fiscal general del Estado, como ocurrió con Dolores Delgado, quien tras cesar como ministra de Justicia, días después fue nombrada fiscal general.

Como indico, esos acuerdos complementarios son un documento de meras intenciones, tal y como aclararon dos horas después de firmado el portavoz parlamentario, Patxi López y el ministro Félix Bolaños. “No nos compromete a nada, sólo es un informe del CGPJ y después el Congreso podrá introducir las enmiendas que estime, no nos hemos comprometido a reformar el sistema de elección del CGPJ para que sea elegido por los jueces”, dijeron.

Nadie, por tanto, garantiza que el actual bloqueo que ha existido, no vuelva a repetirse. Existe una visión cortoplacista de los políticos, que les impide buscar una solución al problema a largo plazo.

Y es que, ante la pérdida de percepción de independencia de poderes por parte de la ciudadanía española, como muestra el Barómetro de Justicia de la UE, el acuerdo debe cumplirse, y basarse en la intención de trabajar en la “despolitización” de la justicia para que goce de total separación; al tiempo que, fundamentarse en los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos.

Concluyo con el deseo de que este paso tan importante dado, sirva para cumplir lo pactado, y sirva para mejorar la imagen de la Justicia en nuestro país.