Son las aguas y la soberanía, delegado

El pasado día 27, el servicio de prensa del Gobierno de Gibraltar informó a través de un comunicado de prensa titulado de esta forma: “Actividad no autorizada de un buque de la Guardia Civil en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar”. El texto daba cuenta de que un patrullero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil "intentó abordar” una embarcación de recreo con bandera de la colonia, a la que había perseguido tras detectarla frente a las costas españolas pescando atunes de forma ilegal. Al verse sorprendidos, el barco de los furtivos buscó refugio a la sombra del Peñón.

En su ayuda salió el HMC Sentinel, una lancha rápida gibraltareña adscrita a su servicio aduanero, dentro ya de las denominadas aguas en litigio cuya soberanía se disputan España y Reino Unido, a tres millas de distancia, o menos, de la Roca. Los guardias civiles explicaron a sus colegas llanitos lo ocurrido y, cuando trataron de ubicarse al lado del barco perseguido, “el HMC Sentinel actuó como barrera y les informó de que estaban dentro de las aguas británicas y de que el Servicio de Aduanas tomaría el control de la situación”, continuaba la citada nota de prensa.

Fue uno más de los muchos encontronazos marítimos que desde hace décadas se producen en el entorno del Peñón y que suelen resolverse con las respectivas quejas formales y recíprocas por parte de España y Reino Unido. La diferencia esta vez es que el Gobierno de nuestro país ha quitado hierro a lo ocurrido y ofrecido, de paso, una versión contraria a los intereses españoles: no hubo "ningún conflicto", sino "una conversación y una transferencia de información". Así se expresó 24 horas después del incidente el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. A la llegada del servicio aduanero de Gibraltar, según indicó el representante del Ejecutivo central, el HMC Sentinel tomó “el relevo” […] "con absoluta cordialidad".

La Convención del Mar de Naciones Unidas

Obviamente, nadie desea que se produzca enfrentamiento alguno, mucho menos de carácter físico, entre las autoridades de uno y otro país. En ese sentido, lejos de dejarse llevar por un calentón, los miembros de la Benemérita actuaron con profesionalidad y sentido común, sin la bravuconería que suelen exhibir las autoridades de la colonia.

Partamos de la base de que, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (artículo 111), la actuación de la Guardia Civil estuvo totalmente amparada por la legalidad: “Se podrá emprender la persecución de un buque extranjero cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos fundados para creer que el buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado”. Ese mismo artículo, en su punto 3, añade que “el derecho de persecución cesará en el momento en que el buque perseguido entre en el mar territorial del Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado”.

España no ha renunciado a la soberanía de sus aguas y, por tanto, no puede delegar en otro país el cumplimiento de la norma

Ahora bien, desde la perspectiva española (y del Tratado de Utrecht, aún vigente), Gibraltar carece de aguas jurisdiccionales, por lo que “el relevo” en el ejercicio de la autoridad al que aludió el delegado del Gobierno jamás pudo ser tal. En otras palabras, España no ha renunciado a la soberanía de sus aguas y, por tanto, no puede delegar en otro país el cumplimiento de la norma. Cuestión aparte, conviene subrayarlo, es que la Guardia Civil opte por la prudencia en casos como el descrito para que la cosa no vaya a mayores.

Quizá Fernández se dejó llevar por el entusiasmo que algunos tratan de contagiar en torno a la firma de acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido que, como muy pronto, podría ver la luz a finales de año. Hasta entonces y para la próxima ocasión, que seguro se presentará, el delegado del Gobierno deberá aconsejarse mejor y atender a la lectura que desde Gibraltar se haga para no volver a resbalarse. Basta remitirse a los hechos, porque en esta ocasión, como en tantas otras, distó de ser conciliadora.

Es una lástima que el Ministerio de Asuntos Exteriores mantenga vacante desde comienzos de año la plaza de su representante en el Campo de Gibraltar, para mantenerse al tanto de lo que sucede cada día a ambos lados de la Verja, y que, tras el episodio del día 27, no haya emitido una nota oficial al respecto. ¿Qué protocolo de actuación deberán seguir a partir de ahora, para no verse ni desautorizados ni desamparados, nuestros guardias civiles, policías nacionales y agentes de Vigilancia Aduanera?