De Tarifa a Gibraltar

Dos semanas ha tardado el responsable de Urbanismo de Tarifa en exponer las líneas maestras del plan de reforma urbanística de 700 metros lineales del frente litoral de la localidad, en una de las áreas más codiciadas de toda la costa andaluza. Jorge Benítez, portavoz a la sazón de Nuevos Aires Tarifa (NAT), compareció el pasado jueves en una asamblea pública, con escasa asistencia, y sin el respaldo de sus socios de gobierno del PP.

Los populares admiten por lo bajini la imprudencia cometida por su alcalde, José Santos, a la hora de suscribir -sin el correspondiente concurso público previo- un borrador de convenio urbanístico de pretensiones tan ambiciosas como las descritas con una empresa marbellí, creada hace poco más de dos años, con un capital social mínimo y sin apenas experiencia en el sector. Nadie olvida que NAT aterrizó en mayo de 2023 en el Ayuntamiento tarifeño a lomos de una conocida promotora cuya meta es aprovechar el enorme potencial turístico e inmobiliario de Tarifa. ¿Coinciden esos intereses con los de los vecinos?

El ofrecimiento realizado por un grupo de seis arquitectos residentes en el municipio para poner orden en un espacio de casi 150.000 metros cuadrados debiera ser tenido en cuenta por el Consistorio. Mejor sería rectificar, empezar la casa por los cimientos y anteponer el interés general sobre los particulares.

Spanish boots

Se equivocaba de la misa la media quien esperase que la llegada de los laboristas al puente de mando de Reino Unido iba a facilitar la firma de un tratado con la UE en torno a Gibraltar. Ha quedado claro a las primeras de cambio. Lo había anunciado en una entrevista con el Telegraph el nuevo responsable del Foreign Office, David Lammy, días antes de la cumbre celebrada en Bruselas el pasado jueves: ni policías, ni guardias civiles, ni aduaneros españoles vestidos de uniforme en el puerto o el aeropuerto del Peñón ni tampoco control alguno sobre las actividades militares de Reino Unido o de los integrantes de sus fuerzas armadas. Es decir, que las fronteras exteriores de la UE en España queden en manos de terceros y que los miembros de la RAF o la Royal Navy -o del MI6- puedan entrar sin más en la UE a través de sus bases en el Peñón y se paseen a sus anchas por el continente sin que nadie les pida un solo papel, no vaya a ser que se molesten.

“No Spanish boots on the ground”, o, dicho de forma más castiza, el británico y el llanito desean la tostá servida en bandeja de plata y untada por ambos lados: desaparición de la Verja y acceder, manteniendo el dumping fiscal, a un mercado de 450 millones de personas en territorio Schengen con escasas cesiones a cambio. Demasiado, por el momento, hasta para un Gobierno tan dúctil como el de Pedro Sánchez. ¿Por qué no se alude en las negociaciones a las resoluciones de la ONU en las que se exige la desaparición de instalaciones militares de los territorios pendientes de descolonización o a la ocupación ilegitima por parte de Reino Unido del istmo donde se asienta el aeropuerto militar?

Los derechos de los 15.000 trabajadores transfronterizos están protegidos en virtud del acuerdo firmado en noviembre de 2020 por España, Reino Unido y Gibraltar, antes de la activación del Brexit en enero de 2021

En esta perversa dinámica, que en el Peñón se dé cancha a determinadas aspiraciones y se propaguen amenazas fantasma es del todo lógico, pero da pavor escuchar, ver y leer estos días a los apóstoles del apocalipsis a este lado de la Verja pronunciarse en torno al negro futuro que aguardaría a los trabajadores transfronterizos si no hay pacto. Por fortuna y llegado el caso, los derechos de esos 15.000 empleados seguirán amparados por el acuerdo firmado en noviembre de 2020 por España, Reino Unido y Gibraltar, justo antes de la activación del Brexit en enero de 2021.

Sí tendrían motivos para preocuparse los defraudadores, denominación que incluye a esos mismos apóstoles retribuidos en dinero negro, y quienes tributan en la colonia, pese a residir en urbanizaciones de lujo del litoral español, porque su paso por la Verja quedaría registrado.

Es cierto que la puesta en marcha del nuevo sistema de control de fronteras conllevaría al comienzo de su implantación una serie de trámites engorrosos, pero se está aún a tiempo de evitarlo si se ponen los medios humanos y materiales necesarios para tramitar las miles de solicitudes de paso de un lado a otro.

Gasolina para el narco

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2023, presentada ahora, se ha hecho eco de la demanda de la Fiscalía de Cádiz para que se dote a las oficinas judiciales de más medios (sobre todo, a los juzgados mixtos) y para que, de una vez, se tipifique como delito vinculado al narcotráfico el transporte y posesión de la gasolina con la que se abastecen las narcolanchas.

"Es necesario que nuestra legislación penal tipifique las conductas consistentes en almacenar y trasladar millares de litros de combustible, sin que tenga que acreditarse su expreso consumo en embarcaciones cargadas de droga", dijo el coronel Núñez en 2019

Es una demanda que viene de lejos y reiterada que ni el Legislador ni el Ejecutivo han activado. Una de las primeras personas en ponerla sobre la mesa fue el hoy coronel en la reserva de la Guardia Civil Jesús Núñez, ex jefe de la Comandancia de Algeciras, historiador y colaborador de Europa Sur. Lo expuso bien clarito cinco años atrás, en el discurso oficial que pronunció con ocasión del Día del Pilar -patrona de la Guardia Civil- el 12 de octubre de 2019. Sus palabras a día de hoy se mantienen vigentes, sin restarles una sola coma:

“Es necesario que se nos continúe dotando de más herramientas legales para poder proseguir con eficacia y éxito la lucha contra el narcotráfico. Esa asignatura pendiente son las redes logísticas de suministro de combustible a las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las redes criminales del narcotráfico. Buena parte de los alijos de droga que había en nuestra costa han sido sustituidos por embarques de docenas de petacas repletas con millares de litros de combustible para su uso por las narcolanchas. Dicho combustible, tras ser adquirido en diversas estaciones de servicio, es almacenado temporalmente en viviendas y edificios habitados. Posteriormente es trasladado en furgonetas hasta los puntos de embarque, con el consiguiente y gravísimo peligro que reviste para la seguridad de los ciudadanos en caso de producirse un siniestro. Sin embargo, cuando se intervienen policialmente 1.000, 2.000 o 3.000 litros de combustible en el interior de viviendas, furgonetas o embarcaciones, si no se puede acreditar su trazabilidad con el narcotráfico, son tan sólo infracciones administrativas. Al ser los autores insolventes y no ser titulares de los bienes intervenidos para su depósito o traslado, se suele traducir en una impunidad absoluta. Dichas conductas deberían estar penalizadas y no como viene sucediendo actualmente, que salvo que se acredite su vinculación directa con el narcotráfico, quedan sin reproche penal alguno. Es necesario que nuestra legislación penal tipifique las conductas consistentes en almacenar y trasladar millares de litros de combustible, sin que tenga que acreditarse su expreso consumo en embarcaciones cargadas de droga”.

Llamamiento a diputados, senadores y ministros: legislen, ejecuten y hagan algo al respecto. No hay que perder la esperanza: ya se logró que las lanchas planeadoras empleadas por los narcos fuesen prohibidas y que su mero uso sea considerado como una actividad vinculada al contrabando y al tráfico de drogas.