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Que ocho años después del referéndum del Brexit y tres desde que comenzó la negociación sobre Gibraltar el Gobierno de España no haya elaborado un plan B por si ésta fracasa clama al cielo. Como denunció el viernes el alcalde de La Línea, Juan Franco, el Ejecutivo y la Junta de Andalucía tienen competencias que pueden activar para proteger la economía de una ciudad a la que la demora en la consecución de un tratado mantiene en un estado insostenible de incertidumbre imposible de afrontar por cualquier administración o cualquier empresa. No se puede fiar todo a un tratado que nunca llega.
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