Gibraltar: la oportunidad perdida

La convocatoria de elecciones generales ha suspendido, al menos hasta la formación de un nuevo Gobierno en España, las negociaciones que desde octubre de 2021 se venían manteniendo para la firma y puesta en práctica de un tratado internacional entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. La última oferta que España puso sobre la mesa para la creación de un “área de prosperidad compartida” que abarcase la comarca del Campo de Gibraltar y la colonia ha sido desoída por Londres y por las autoridades del Peñón, recelosas de perder un estatus privilegiado que durante décadas y por su pertenencia a la Europa comunitaria le permitieron configurarse como una de las economías más boyantes del planeta. El Brexit puso punto final a ese período, por más que los dirigentes del Peñón no quieran verlo. La posición británica y, particularmente, la del Ejecutivo gibraltareño, se ha expresado con su negativa en asuntos clave: a dar transparencia a las operaciones de sus entidades financieras, señaladas por la Comisión Europea en mayo pasado como clave de bóveda en operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico y del terrorismo; a nivelar la tributación de la Roca con la de España; a trasponer la normativa medioambiental de la UE (vertidos y emisiones, básicamente); a igualar las pensiones de los trabajadores españoles transfronterizos con las de los llanitos; a luchar de manera férrea contra el contrabando de tabaco; a estrechar la colaboración policial y aduanera y, finalmente, a mantener una posición leal en materia de defensa por el uso militar del puerto y el aeropuerto. Gibraltar ha perdido una oportunidad histórica al rechazar una oferta justa y equilibrada que le habría abierto de nuevo las puertas de la UE, más aún en unos momentos en los que sus finanzas no atraviesan por los mejores momentos a causa de la huida de empresas como consecuencia del Brexit, su gran endeudamiento y un gasto público fuera de lo normal.