Editorial
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La desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), creada por la Junta de Andalucía durante la etapa de administración socialista, fue convertida por sus gestores en un chiringuito en el que el dinero público fue utilizado a discreción para pagar juergas en locales de alterne. Así queda acreditado en la sentencia de las Audiencia de Sevilla que ha condenado al que fuera su director, Fernando Villén, a seis años de cárcel por haber pagado 32.556 euros en prostíbulos con sus tarjetas oficiales durante diez noches entre 2004 y 2010. Es difícil imaginar una mayor perversión en el manejo de los fondos que deberían haberse destinado a la formación de trabajadores desempleados. La sentencia refleja el ambiente cutre y de desprecio absoluto por la legalidad en la que desarrollaba su actividad Villén. La resolución hecha pública por la Audiencia señala que el directivo tenía “una afición descontrolada” por los locales de alterne. Los delitos por los que es condenado son los de malversación y falsedad en documento oficial. También ha sido condenada la antigua responsable del departamento económico-financiero de la fundación, Ana Valls, a cinco años y tres meses por manipular la contabilidad y simular que el dinero había sido devuelto a la tesorería de la entidad. Pero más allá de la calificación de los delitos e incluso de las penas impuestas, que conllevan el ingreso de los condenados en prisión, conviene subrayar que esta sentencia refleja el clima de impunidad y el escaso respeto por la ley que hubo en la Junta, sobre todo en organismos ligados a las políticas de empleo, durante demasiados años. La Faffe se creó en 2003 con el objetivo principal de impulsar el tejido productivo andaluz a través de iniciativas de formación de trabajadores, orientación laboral y asistencia técnica a las empresas, según su escritura de constitución. Nunca cumplió sus fines. Fue, simplemente, la pantalla para que unos cuantos se aprovecharan y abusaran para fines deleznables del dinero de todos.
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