La concertación y sus objetivos

Durante las casi dos décadas que el socialista Manuel Chaves fue presidente de la Junta de Andalucía, la concertación social se convirtió en el eje de su política. Básicamente consistía en dar a las organizaciones empresariales y sindicales una interlocución privilegiada, convertirlas en los agentes sociales prioritarios y hacerles partícipes de las principales líneas de actuación en materia económica. También, y ello nunca se ha ocultado, en financiar parte de sus actividades, tanto de forma directa como indirecta. A cambio el Gobierno andaluz se aseguraba un apoyo implícito por parte de estas organizaciones y se garantizaba un estado de permanente paz social, salvo conflictos muy enconados. Desde que en 2019 Juanma Moreno convirtió al PP en el partido gobernante, la concertación con empresarios y sindicatos ha sido siempre una de sus prioridades estratégicas y ha profundizado esa vía con la consecución en 2022 de la mayoría absoluta. En marzo del año pasado, firmó un acuerdo que incluía tanto medidas laborales de calado como otras en el ámbito de la educación y la sanidad. Ahora ha ido más lejos. La semana pasada pactó la participación de patronales y sindicatos en el proceso de toma de decisiones legislativas en las materias que directamente les incumbe. Se trata de elevar a categoría de ley que la Confederación de Empresarios, CCOO y UGT sean tenidas en cuenta para establecer leyes en materia económica o laboral. Es dar un paso que no se había llegado a abordar en la etapa socialista. Habrá que esperar al desarrollo del acuerdo para ver cómo se articula esa participación de forma que se garantice la autonomía de todas las partes. Los objetivos son los mismos que en la etapa anterior: articular el diálogo con los agentes sociales, una obligación de cualquier Gobierno democrático, pero también asegurarse apoyo político y paz laboral. Aunque esta última pretensión, también legítima, llegue por vía indirecta.